Por Rodrigo Hernández Román
59,036,870.5274 litros. Ésa es la cifra exacta del hidrocarburo asegurado hace unos días en una terminal de almacenamiento en San José Iturbide, Guanajuato. Léala otra vez y deténgase donde casi nadie se detuvo: 4 decimales. La autoridad no reportó un aproximado ni un cálculo de bulto; reportó diezmilésimas de litro. Y pudo hacerlo por una sola razón: porque en esta industria cada gota que entra y sale de un tanque está medida, certificada y reportada. Ese detalle, que parece contable, es la llave para entender todo lo demás.
Importa, y mucho, para Coahuila. El martes, en Austin, el gobernador Manolo Jiménez Salinas acordó con Adriana Cruz, directora ejecutiva de Desarrollo Económico y Turismo de Texas, un plan conjunto para atraer empresas de energía a ambos lados de la frontera. La apuesta es correcta: sin gas no hay energía, y sin energía no hay industria, ni parque industrial, ni planta automotriz, ni nearshoring que valga. Pero la energía es el negocio más intensivo en capital y más largo en horizonte que existe, y nadie compromete 30 años sin saber cómo se resuelven las controversias. Atraer ese capital exige 2 infraestructuras: la física, que se inaugura, y la jurídica, que es invisible hasta el día en que falla.
Esta semana la segunda quedó a examen. La terminal intervenida pertenece a Gas Natural del Noroeste, de Grupo SIMSA: el conglomerado que fundó en 1967 don Salomón Issa Murra desde el comercio de gas en la Comarca Lagunera y que hoy encabezan sus hijos Nesim y Salomón Issa Tafich. Son más de 14 mil empleos, que no son cifra de comunicado sino 14 mil mesas puestas en Torreón, Saltillo, Gómez y Monterrey. Un grupo energético e industrial nacido en Coahuila y orgullo de La Laguna.
Ahora, lo que nadie ha explicado y es el centro del asunto. Una terminal de almacenamiento no es dueña del combustible que guarda: es permisionaria de un servicio público de almacenamiento, con permiso federal vigente desde 2016 y plazo de 30 años. Su negocio es el porteo —recibir producto ajeno, custodiarlo y despacharlo—, sin venta al público ni distribución. Sus clientes son Pemex Internacional, ExxonMobil y Shell, que también cuentan con permisos de la Comisión Nacional de Energía y están obligados a acreditarle a la terminal propiedad, procedencia legítima y calidad. La molécula tiene dueño, y las obligaciones del dueño no son las del depositario.
De ahí se desprende algo que ha pasado inadvertido y que explica los tiempos de este caso mejor que cualquier especulación: asegurar producto es sencillo; acreditar su origen no depende de la terminal. La carga documental —pedimentos, comprobantes, cadena de propiedad— recae en los dueños del combustible. Dicho de otro modo, el reloj de este expediente no lo controla quien opera el tanque, sino terceros que deben entregar sus propios papeles. Quien concluya culpabilidad a partir del hallazgo no está haciendo una inferencia periodística: está cometiendo un error de técnica jurídica.
Y aquí regresamos a los 4 decimales. No sostengo que en el sector energético sea imposible delinquir; sería falso. Sostengo algo más contundente: es prácticamente imposible esconderlo. Una terminal así opera con controles volumétricos, equipos de medición certificados, dictámenes periódicos y reporte a la autoridad fiscal de cada litro que entra y cada litro que sale, más autorizaciones ambientales, de seguridad industrial, estatales y municipales, y controles aduanales de los 2 lados de la frontera cuando el producto es importado. Este expediente no se resuelve con adjetivos: se resuelve leyendo registros. Y esos registros existen, en poder de la autoridad y de 3 de las mayores petroleras del mundo. Súmese que no hay un solo detenido y que lo que existe es una clausura y un procedimiento de revisión, no un decomiso. Son figuras distintas y producen consecuencias distintas.
Conviene subrayar algo que en el ruido se perdió: éste es un asunto estrictamente federal. El permiso es federal, el regulador es federal, la aduana es federal y la Fiscalía es federal. Ningún gobierno estatal puede acelerarlo, frenarlo ni resolverlo. Y sin embargo el costo lo pagan los estados. Ahí está el problema institucional de fondo, y no es de culpas sino de asimetría: el anuncio de un aseguramiento recorre el país en horas, mientras que acreditar el origen de 59 millones de litros que pertenecen a varios clientes distintos toma meses. Entre ese titular y esa conclusión se juega el prestigio de una empresa, de una familia y de una región que no tuvieron oportunidad de responder a la misma velocidad.
Porque a los inversionistas energéticos no les asusta que haya fiscalización; al contrario, la exigen. Lo que los espanta es la falta de previsibilidad. Una investigación rigurosa y resuelta con prontitud fortalece la certeza jurídica de un estado; una que se prolonga sin conclusión, la erosiona. Aquí no se trata de darle trato preferencial a nadie, ni de declarar inocente a quien solamente un juez puede absolver. Se trata del orden elemental: investigar, acreditar y después, si procede, acusar. Que la Fiscalía trabaje con todo el rigor y que las empresas entreguen hasta el último comprobante. Pero que nadie confunda una revisión administrativa con una sentencia, ni una terminal regulada con una bodega clandestina.
Y digámoslo en positivo, porque Coahuila tiene con qué. Éste es el estado que puso 3 de las 5 ciudades más seguras del país, que sostiene la coordinación con la Federación pese a la diferencia de signo político, que acumula más de 158 mil millones de pesos de inversión en lo que va de la administración y que esta semana se sentó en Austin a diseñar con Texas una estrategia energética conjunta. La oferta está casi completa: seguridad, ubicación, mano de obra calificada, infraestructura y una relación de Estado a Estado que ha sobrevivido a varios cambios de gobierno de los 2 lados de la frontera.
Falta la pieza que no se inaugura con tijeras: la certeza. No se construye con discursos, sino con expedientes que se resuelven a tiempo y reglas que se aplican igual para todos. Si este caso concluye pronto y con documentos, México habrá demostrado algo que le urge demostrar: que puede investigar su infraestructura estratégica sin ahuyentar la inversión que necesita. Y Coahuila podrá llevar a Austin algo más valioso que una cartera de proyectos: la prueba de que aquí los expedientes se resuelven leyendo papeles y no esperando boletines.
Lo que no se lee, se paga. Nos leemos la próxima semana.
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