Por Rodrigo Hernández Román
Esta semana Coahuila ganó una batalla que peleó en público y perdió otra que ni siquiera sabía que estaba peleando. Conviene comparar los relojes, porque en esa diferencia está el problema institucional más serio que hoy tiene el estado.
El primero: el 8 de septiembre el Congreso local aprobó por unanimidad un exhorto para que Nuevo León revisara el llamado pase turístico; el gobernador Manolo Jiménez Salinas cuestionó su constitucionalidad; se sumaron las cámaras empresariales y Tamaulipas; y el martes 15, Samuel García anunció la derogación. Siete días de la protesta a la marcha atrás. Cuando la amenaza viene de afuera y trae bandera de otro estado, el aparato coahuilense reacciona con una velocidad que ya quisieran otras entidades.
El segundo corrió distinto. En junio de 2025, un senador por Coahuila denunció en la Cámara Alta el desvío de recursos federales de la Comisión Nacional del Agua destinados al mantenimiento de pozos en Torreón. Ahí durmió. Acudió después a la FGR, a la UIF y al SAT. Pasaron 14 meses hasta que el expediente se movió, y quien lo movió fue la Federación: el domingo 13, a las 04:30 horas, la Policía Federal Ministerial cateó el domicilio del exsecretario del Ayuntamiento de Torreón y una propiedad suya en Parras. Cayeron cinco personas. Él está hoy en el Cefereso de Almoloya de Juárez, su esposa —hasta principios de mes directora del Centro de Justicia Municipal— en el 16 Femenil de Morelos, y el resto en un penal federal de Oaxaca.
Los hechos. La licitación LO-64-018-805035997-N1-2024, por más de 16.53 millones de pesos, era para rehabilitar los equipos de bombeo de 40 pozos. Torreón tiene alrededor de 90: la mitad del abasto dependía de ese contrato. Se registró una sola empresa. Cobró. Los equipos nunca se instalaron. La firma resultó un fantasma —sin empleados, sin gastos de operación, domicilio fiscal en una casa vacía y un único cliente: el propio organismo de agua— y entre agosto de 2024 y enero de 2025 emitió 592 facturas por 66.4 millones de pesos. De ese dinero, 12.5 millones aterrizaron en la cuenta personal del chofer del entonces secretario. Mientras tanto, colonias enteras llevaban tres años sin agua en una ciudad donde el termómetro rebasa los 40 grados.
Ahí está la paradoja. El daño patrimonial más grave que ha sufrido un municipio coahuilense en la última década no entró por una brecha ni lo trajo un convoy. Entró por la ventanilla, con gafete y cita previa. Su arma no fue un rifle sino una convocatoria con un solo oferente; su territorio no fue un tramo carretero sino una paramunicipal; su botín no fue un cargamento sino el agua de 800 mil personas. A ese crimen no lo detiene un retén ni lo registra ninguna encuesta de percepción, porque viaja en portafolios. Es el mismo método del llamado cártel inmobiliario, donde decenas de familias pagaron por casas que nunca fueron suyas mediante escrituras y folios presuntamente alterados. A nadie se le despojó con pistola: se le despojó con sello y con fe pública.
Y esto no termina en cinco detenidos. Un esquema así requiere quien convoque, quien dictamine, quien autorice el pago y quien firme el acta del consejo. Todos esos papeles existen y están firmados. Subrayo un detalle: el único detenido que nunca ocupó un cargo público está preso, entre otras cosas, por haber suscrito el acta del fallo. Las actas del consejo directivo también tienen firmas, y ésas todavía no le han costado nada a nadie. La pregunta pertinente no es quién va a hablar, sino quién ya firmó: esos documentos son públicos y hasta hoy nadie los ha solicitado.
Tampoco se escuchó la línea institucional mínima, la que no cuesta un peso ni un voto: confiamos en las instituciones y en la presunción de inocencia. Nadie la dijo. El silencio no fue omisión sino decisión: defender no tiene beneficio posible y sí costo ilimitado, de modo que todos desertan al mismo tiempo. No es rasgo de un partido; Morena hizo lo mismo con la exalcaldesa de Múzquiz.
La conclusión incómoda es de diseño institucional. Coahuila construyó un sistema de seguridad con métrica trimestral: cada tres meses el INEGI publica un número y ese número obliga. Y funciona, porque tres de las cinco ciudades con menor percepción de inseguridad del país están aquí y esta capital es la más segura de México. Pero no existe nada equivalente para el control interno. La fiscalización de una paramunicipal no tiene metrónomo, y prueba de ello es que la auditoría especial al SIMAS sigue atrapada en la discusión de si ya inició, mientras el organismo acumula pasivos por 2 mil 81 millones de pesos. La ley ya las incluye en el ámbito de revisión: el problema no es de facultades, es de reflejos. Que reporten con la misma periodicidad con que se mide la seguridad y que el Sistema Estatal Anticorrupción tenga un procedimiento acelerado para recursos federales etiquetados. No hace falta reformar nada: hace falta decidirlo.
Un estado no es seguro únicamente porque nada entre por sus carreteras. Es seguro cuando tampoco se le puede sacar nada desde adentro. Coahuila ya demostró que sabe cuidar la puerta. Falta que aprenda a cuidar la ventanilla, que es por donde en este país se roba de verdad: sin ruido, con cita programada y con acuse de recibo. Lo que no se lee, se paga. Nos leemos la próxima semana.
