Por Sergio Soto Azúa
La palabra persecución se ha vuelto un comodín peligroso. Sirve para nombrar abusos reales del poder, pero también para disfrazar responsabilidades cuando los expedientes alcanzan. Por eso conviene poner orden desde el inicio: no todas las persecuciones son iguales.
Hay, al menos, dos tipos de persecución.
La primera es la persecución política: la que ejercen los gobiernos contra personajes incómodos, críticos o disidentes. Es cuando el poder usa a las instituciones para debilitar, encarcelar o desaparecer adversarios. Es la ley convertida en arma, no en regla.
La segunda es la persecución judicial: la que se dirige contra conductas que presuntamente violan la ley. Aquí no hay épica ni mártires; hay carpetas, auditorías, citatorios, jueces y procesos. Es la persecución de hechos, no de ideas. En este terreno, el Estado no busca silenciar voces, sino acreditar responsabilidades.
Con esa distinción clara, el caso de Tania Vanessa Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz, se vuelve revelador. Porque su discurso intenta mezclar ambas persecuciones en una sola narrativa: “me persiguen”. Pero los documentos cuentan otra historia, y sobre todo, una historia más antigua.
Antes de cualquier investigación penal, antes de cualquier audiencia, ya existían incumplimientos acreditados. Mucho antes de que se hablara de persecución, hubo resoluciones firmes ignoradas. El expediente del ICAI no es un accesorio: es el origen. Tres dictámenes. Tres incumplimientos. Ninguna información entregada. No es interpretación; es archivo.
Ese antecedente importa porque marca el patrón: desobedecer primero y victimizarse después.
El siguiente capítulo llegó en diciembre, cuando la Fiscalía General del Estado ejecutó una orden de comparecencia judicial luego de que la exalcaldesa no atendiera citatorios previos. La autoridad fue clara: no se trató de una detención, sino del cumplimiento de una orden judicial para asegurar su presentación ante un juez. Procedimiento legal, no persecución política.
A partir de ahí, el proceso avanzó por el carril que marca la ley: señalamientos por ejercicio abusivo de funciones, investigaciones relacionadas con contratos y manejo de recursos, y la activación de distintas instancias. Todo dentro de un marco jurídico que puede ser impugnado, debatido o defendido, pero no negado.
Aquí aparece un elemento que rara vez se dice en voz alta, pero que el sistema de justicia sí considera: el riesgo procesal. En México, uno de los factores centrales para definir medidas cautelares no es el discurso público, sino la capacidad real de una persona para sustraerse de la justicia.
Tania Flores no es una funcionaria menor ni una ciudadana sin recursos. Es una persona con alto poder adquisitivo, con una red familiar igualmente solvente, capaz de enfrentar fianzas elevadas sin que ello represente un sacrificio real. Y eso, jurídicamente, no tranquiliza al Estado: lo alerta.
La experiencia mexicana lo confirma. Antes de detenciones emblemáticas de exgobernadores y exfuncionarios de alto perfil, se repitió el mismo patrón: filtraciones, avisos previos, salidas intempestivas del país y fugas. Algunos regresaron años después; otros fueron capturados fuera; varios se entregaron cuando ya no tenían margen. Pero casi todos corrieron antes de ser alcanzados.
Ese antecedente explica por qué, cuando una persona con recursos enfrenta procesos penales, la autoridad no solo analiza el delito, sino la probabilidad real de evasión. No es castigo anticipado; es prevención. No es persecución; es cálculo legal.
En ese contexto, la victimización adquiere otra lectura: no como defensa jurídica, sino como estrategia para ganar tiempo, politizar el proceso y convertir una evaluación legal en una batalla de percepciones.
El problema es que el tiempo no se negocia con discursos. El tiempo alcanza.
Al final, este caso no trata de quién grita más fuerte ni de quién domina las redes sociales. Trata de algo más incómodo: la costumbre de no obedecer la ley mientras se tiene poder y recursos, y la sorpresa —casi indignación— cuando ese poder ya no basta para detener las consecuencias.
El primero de enero no empieza una persecución.
Empieza algo más simple, más frío y más honesto: el momento en que el tiempo alcanza a quien decidió no obedecer la ley.
