Por Sergio Soto Azúa
En Coahuila, el tema de los salarios públicos no necesita una crisis para sentirse: basta abrir la cartera.
Desde los gobiernos de Enrique Martínez y Humberto Moreira hasta hoy, los sueldos del servicio público prácticamente no se han movido. Pero los precios sí. En veinte años, la inflación nacional supera el 130 %, según el INEGI. Lo que antes costaba cien pesos hoy cuesta más del doble, y los salarios siguen casi iguales, como si el tiempo político y el económico vivieran en mundos distintos.
Un jefe de departamento estatal ganaba en 2004 unos 18 000 pesos mensuales. Hoy, dos décadas después, gana entre 20 000 y 23 000, según los tabuladores estatales. Mientras tanto, la canasta básica y la gasolina se han triplicado, y las rentas se han duplicado. El salario promedio de un trabajador en Coahuila es de 9 470 pesos al mes (fuente: DataMéxico, Secretaría de Economía, 2025). Es decir: una familia que vive de un ingreso público o medio en el Estado, hoy apenas alcanza para subsistir.
Mientras tanto, dentro del mismo gobierno hay quienes no saben lo que cuesta llenar un carrito del súper. Funcionarios de alto nivel que viajan en camionetas blindadas, con escoltas oficiales y —peor aún— esposas que también se mueven con protección pagada por el erario. ¿De qué hay que protegerse cuando la inseguridad más grande es no poder pagar la colegiatura de los hijos o el recibo de la luz? La desigualdad no está afuera: vive dentro del propio sistema.
Y si de excesos se trata, los exgobernadores tampoco se quedan atrás. Algunos todavía conservan escoltas, choferes y vehículos oficiales a costa del presupuesto. Por ley, ya no deberían tenerlos. Y si de verdad necesitan seguridad, tienen con qué pagarla. Porque si algo no les falta, es dinero. Mantener esos privilegios es una ofensa a los trabajadores que sí salen cada día a ganarse el sueldo sin guaruras ni placas oficiales.
La inflación no se mide con discursos; se siente en la factura de la luz o cuando una madre tiene que escoger entre pagar la renta o surtir la despensa. Mientras tanto, los tabuladores del gobierno parecen congelados en 2005, como si el tiempo no pasara para la nómina.
En la iniciativa privada el ajuste llegó solo. En la construcción, un maestro de obra gana hoy entre 5 000 y 8 000 pesos semanales, y una trabajadora doméstica cobra 3 000 pesos semanales (fuente: DataMéxico, 2025). Ambos oficios son dignos, pero la comparación duele: un jefe de programa educativo, con título y años de carrera, gana menos que quien dirige una cuadrilla. No porque el oficio valga menos, sino porque el sistema paga mal.
El Estado exige resultados, pero olvida que quienes hacen que funcione —choferes, secretarias, inspectores, médicos, técnicos— también enfrentan la inflación. Lo curioso es que los créditos hipotecarios, los seguros y hasta los impuestos se actualizan cada año según el índice inflacionario, pero los salarios no. ¿Por qué la vivienda se calcula en UDIS y el salario en resignación?
Un gobierno que no ajusta sus sueldos con justicia no gobierna con empatía, gobierna desde la distancia. Porque la inflación no castiga al político que manda, sino al trabajador que obedece. Y cuando la base vive con miedo de no llegar a fin de mes, la eficiencia se evapora y la corrupción se asoma como tentación.
Sí, los gobiernos siempre dicen que la nómina es lo que más pesa. Pero lo que realmente pesa es la indiferencia. Pesa más gastar en escoltas que en motivación. Pesa más el silencio que la falta de recursos.
La solución no es subir salarios por decreto, sino hacerlo con orden y sentido. Crear una política salarial que reconozca el valor real del trabajo y lo vincule a la inflación. Que premie la lealtad y la eficiencia, no los compadrazgos ni los apellidos.
Y hay que decirlo con claridad: que se les suba el sueldo a todos, incluido el gobernador, porque la responsabilidad también merece remuneración. Pero que se les bajen los privilegios a las esposas de los funcionarios y a los exgobernadores que todavía se pasean con escoltas. Porque el poder no se hereda por matrimonio ni se perpetúa con guaruras pagados por el pueblo.
El costo de la vida no se detiene. Los precios cambian, las generaciones cambian. Lo único que no cambia son los salarios.
Y mientras los de abajo se acostumbran a vivir con menos, los de arriba se acostumbran a vivir con más.
El problema ya no es económico: es moral. Porque la verdadera dignidad del poder no está en cuántas camionetas te escoltan, sino en cuántas familias pueden vivir con lo que les pagas.
Y ese es el reto que Coahuila tiene frente al espejo: reconocer que la justicia empieza en la nómina, no en la escolta.
