La reciente orden ejecutiva del presidente Trump para mantener juntas a las familias de inmigrantes en la frontera suroccidental ha puesto a varias agencias federales a investigar sobre cómo revertir el rumbo de una política que ya ha separado a más de 2.000 niños.
Las agencias que, en teoría, deben ayudarlos tampoco saben cómo hacerlo.
Las fichas informativas que se han publicado hace poco y los comunicados de prensa nocturnos emitidos durante el fin de semana han declarado que el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Salud y Servicios Sociales tienen un plan “bien coordinado” para reunir a las miles de familias separadas por la política de la anterior administración. Sin embargo, los abogados, trabajadores sociales y demás personas encargadas de defender a los niños atrapados en este conflicto político aseguran que solo han encontrado un gran caos y confusión ya que los menores separados, incluidos los bebés, comenzaron a aparecer desde el mes de abril en las instalaciones financiadas por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados de todo el país. La orden ejecutiva del presidente del 20 de junio solo ha complicado aún más la situación, haciendo que muchos defensores de los derechos infantiles se cuestionen si en realidad la administración alguna vez tuvo la intención de reunir a estas familias.
“La versión corta: es un terrible desastre”, dijo Diane Eikenberry, directora adjunta de políticas del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, que se encarga de ofrecer servicios legales gratuitos a niños desamparados que están alojados en las instalaciones de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del área de Chicago a través del Proyecto de Protección a Niños Inmigrantes del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes.
“Le han dado una tarea imposible a la agencia que tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de estos niños”, dijo Eikenberry, refiriéndose al Departamento de Salud y Servicios Sociales. “Como todo lo relacionado con esta política, al final el niño es quien más va a sufrir”.
Los menores, al igual que los adultos, no tienen un abogado designado por la corte para solucionar los trámites de inmigración. Sin embargo, la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Tráfico (TVPRA, por sus siglas en inglés) de 2008, la ley bipartidista contra el tráfico de menores que tanto ha ridiculizado Trump y el Fiscal General, Jeff Sessions, al considerarla un “vacío legal” de la inmigración, garantiza determinadas protecciones para los niños que ingresan al país sin acompañante (“menores inmigrantes sin acompañante” o UACs, por sus siglas en inglés). Además de exigir que los menores inmigrantes sin acompañante sean puestos bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios sociales, la TVPRA reclama que estos niños en situación vulnerable tengan derecho a una supervisión legal. También pide que un abogado les explique “sus derechos” y que se garantice que los menores que huyen de la violencia tengan la oportunidad de solicitar asilo u otras formas de asistencia, como el Estatus Especial de Inmigrante Juvenil.
En gran parte, esa política estaba diseñada para apoyar a los adolescentes centroamericanos que viajaban solos, en la mayoría de los casos con la esperanza de encontrar a sus familiares que ya viven en los Estados Unidos. Sin embargo, la política de “tolerancia cero” que promulgó en abril el Fiscal General, Jeff Sessions, ha hecho que niños que cruzaron la frontera con sus padres fueran separados de ellos y tratados como menores inmigrantes sin acompañante. Algunos funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Sociales le han contado a los periodistas durante una reunión informativa celebrada el martes que hasta el 25 de junio había 2.407 niños bajo custodia de la agencia “al haber sido separados de sus padres, quienes fueron procesados bajo la política de tolerancia cero”.
“Cuando se determina que un niño no tiene acompañante, se activa la protección del TVPRA”, explicó Jennifer Podkul, abogada y directora de política en Niños Necesitados de Defensa (KIND, por sus siglas en inglés), otra organización que brinda asistencia jurídica a menores inmigrantes sin acompañante mientras están detenidos en la Oficina de Reasentamiento de Refugiados y también tras haber sido liberados. “Eso significa que no pueden entrar en el proceso de deportación acelerada”, es decir, deportados por decreto administrativo.
Los defensores de los menores sin acompañante enfrentan nuevos desafíos bajo la administración de Trump, incluidas las políticas que conllevan a detenciones prolongadas y un mayor escrutinio por parte del Departamento de Seguridad Nacional a los padres de los menores o potenciales tutores, un problema que, según temen los abogados, se convertirá en un elemento disuasivo para que los posibles responsables se presenten.
De hecho, incluso los abogados con experiencia y los defensores de los derechos infantiles no están preparados para afrontar los obstáculos que implica representar a este nuevo grupo de clientes.
A pesar de la línea de comunicación que se ha establecido entre el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Reasentamiento de Refugiados con los padres y familiares de menores sin acompañante, parece que las agencias son incapaces o no están dispuestas a compartir información sobre los familiares separados que estaban bajo su custodia.
“Hemos escuchado que quienes trabajan en estos casos de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados tienen que preguntar a los encargados de los servicios legales: ‘¿pueden ayudarnos a encontrar a los padres de estos niños?’”, dijo Eikenberry. “Es algo ridículo ya que fue el gobierno quien los separó”.
Las separaciones familiares que ocurrieron antes de que Trump firmara la orden ejecutiva la semana pasada y que aún pueden estar ocurriendo, ya que la información que se ofreció en una conferencia de prensa del Departamento de Salud y Servicios Sociales que tuvo lugar el martes por la tarde no fue muy clara, fueron el resultado de la política de tolerancia cero de su administración. Una política que básicamente amplió un programa de larga data destinado a remitir a los tribunales a quienes cruzan la frontera de forma ilegal para celebrar juicios rápidos, la mayoría de los cuales concluyen con condenas cumplidas. Una vez que termina la parte penal, los imputados inician procedimientos civiles de inmigración, en los que pueden solicitar una “entrevista de miedo creíble”, el primer paso para solicitar asilo y que los trasladen a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas mientras el caso siga pendiente.
“En sentido general, no hemos visto políticas ni procedimientos consistentes”, dijo Podkul, explicando que en muchas áreas, los defensores han tenido que iniciar su propia búsqueda caso por caso para el padre o tutor de cada niño basándose en cualquier detalle que puedan obtener del Departamento de Seguridad Nacional o de los propios niños, quienes, dependiendo de su edad, habilidades lingüísticas y nivel de trauma, pueden no estar en condiciones de aportar información.
“Es posible que los niños no sepan el nombre real de sus padres”, señaló Eikenberry. “Si son muy pequeños puede que les llamen ‘mamá y papá’. No sabrán los números de teléfono, ni los cumpleaños de sus padres y mucho menos los números de extranjero”, que es el número de registro del extranjero que se le asigna a quienes no son ciudadanos cuando inician un procedimiento de inmigración.
“Además, hemos escuchado hablar de casos en los que niños muy pequeños que han sido separados de sus madres o padres están bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados y, debido a su trauma y conmoción, no pueden hablar”, agregó.
Encontrar la mejor vía legal para estos niños “es una tarea ardua”, dijo Podkul y agregó que, sobre todo en el caso de los niños más pequeños “queremos asegurarnos de que se respeten los derechos de los progenitores”.
“Puedes aportar mucho al representar a un niño pequeño”, dijo Podkul pero añadió que muchos de los niños mayores quieren reclamar su derecho legítimo al asilo. “Incluso los que tienen 10 o 12 años quieren hacerlo, algunos de ellos porque fueron perseguidos y su familia huyó”, dijo.
El esfuerzo por coordinar los procedimientos legales cuando distintas agencias gubernamentales detienen a los niños y sus padres, a menudo en diferentes partes del país, se vuelve aún más complicado si deportan a los padres del niño.
“Ha sucedido, no son casos aislados”, dijo Eikenberry. “Estoy al tanto de casos en los que los niños no se enteran hasta que pasa mucho tiempo que han deportado a sus padres”.
El Departamento de Seguridad Nacional no pudo ofrecer los datos sobre el número de padres que han sido deportados tras haber sido separados de sus hijos bajo la política de tolerancia cero. Ni el Departamento de Seguridad Nacional ni el Departamento de Salud y Servicios Sociales hicieron comentarios respecto a cómo se les notifica a los niños bajo custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados que han deportado a sus padres.
“No creo que exista un sistema de notificación formal”, dijo Nithya Nathan-Pineau, abogada y directora principal del Programa de Niños Inmigrantes Detenidos de la Coalición de Derechos de los Inmigrantes en el Área Capital (CAIR, por sus siglas en inglés) que atiende a Maryland y Virginia. Nathan-Pineau dijo que conoce como mínimo a un niño cuyos padres han sido deportados.
“Eso ha sucedido”, coincidió Podkul. “Hemos ayudado a los niños que están en la Oficina de Reasentamiento de Refugiados a ponerse en contacto con su familia ya deportada”.
Si bien Podkul dijo que ella y sus colegas han podido utilizar hasta cierto punto las líneas directas creadas por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para facilitar la comunicación entre sus clientes menores y sus padres detenidos, señaló que los números que empiezan por 800 no funcionan fuera de los Estados Unidos, de manera que no sirven para conectarse con los padres que han sido deportados del país.
Podkul dijo que para intentar localizar a los padres deportados, KIND ha colaborado con organizaciones no gubernamentales en los países de origen de las familias, sobre todo en Guatemala y Honduras.
Reveló además que el gobierno de Estados Unidos “confía en la buena voluntad y los fondos privados que tienen las ONG para que hagan el trabajo que les correspondería a ellos, porque no fueron capaces de darle seguimiento a las familias”.
El representante demócrata Eric Swalwell le comentó a Yahoo Noticias que su oficina está presionando al Departamento de Seguridad Nacional para obtener respuestas más claras sobre los padres deportados.
“He visto demasiados informes en los medios de comunicación sobre casos en los que los padres fueron separados de sus hijos en la frontera y luego deportados mientras sus hijos permanecen en algún sitio bajo custodia de Estados Unidos”, dijo Swalwell en un comunicado. “Esto es abominable y no he visto ninguna señal que indique que la administración Trump tenga un plan sólido para reunir a estas familias”.
Las recientes declaraciones sobre los esfuerzos de reunificación mencionan principalmente a los niños cuyos padres ya han sido deportados. De hecho, los pocos detalles que se han divulgado sobre los esfuerzos de reunificación se refieren principalmente a la reunificación con el objetivo de deportación, lo que, según Eikenberry, sería “crear una situación en la que el niño y los padres tienen que tomar una decisión terrible: estar permanentemente separados para que el niño pueda estar seguro o estar todos juntos en peligro”.
“Los abogados de todo el país están luchando por esto”, dijo Podkul. “Queremos que los padres recuperen a sus hijos, queremos que los niños puedan estar con sus progenitores, pero una vez que el niño se separa, creemos que es muy importante que reciba una supervisión legal, que sepa cuáles son sus derechos y entienda a qué renuncia si acepta una expulsión voluntaria”.
“No queremos que ningún niño vuelva a sufrir porque el gobierno lo utiliza como rehén”, dijo.
Fuente: Yahoo.com
