Justicia retardada, justicia denegada Alexia Barrios G.Según trascendidos de prestigiados diarios nacionales, las relaciones entre la PGR y los representantes del Poder Judicial no se encuentran en los mejores términos. Razones hay muchas, pero al parecer al equipo del procurador ya se hartaron que en las resoluciones de jueces y magistrados, sea la Fiscalía de la nación la que pague los platos rotos no sólo en imagen sino en dar las explicaciones jurídicas del caso. Uno de los motivos de controversia es Francisco Javier Sarabia Ascencio, juez cuarto de Distrito en Materia de Amparo Penal, quien la semana pasada saltó a la fama por admitir a revisión el juicio de amparo sobre el auto de formal prisión decretado en contra de Elba Esther Gordillo Morales, y dos coacusados más. En síntesis, el juez cuarto de distrito de amparo en materia penal en el Distrito Federal, determinó la PGR integró deficientemente la averiguación previa que consignó a la ex dirigente del SNTE, además de que violó su debido proceso. Por este asunto, la inconformidad de la PGR se extendió hasta el Consejo de la Judicatura Federal, órgano que “tiene a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia”, el cual con una rapidez inaudita difundió un amplio documento explicativo donde se detallan los supuestos errores de la PGR y por los que “se reclamó inconstitucionalidad y violatorio de los derechos humanos, el auto de formal prisión”. Lo que resulta extraordinario, es que el juez cuarto de Distrito, Francisco Javier Sarabia, no resuelve los casos con la misma celeridad ni atendiendo las denuncias de presuntas violaciones a la ley que son denunciadas, semana tras semana, en diversos medios contra la ex procuradora Marisela Morales, como ya ocurrió con los casos de los militares –ahora exonerados-, el uso faccioso de testigos protegidos, el pago de recompensas, las irregularidades de ex funcionarios de la PGR y, uno que está que quema, el caso del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington. Resulta que dicho expediente ha sido retrasado deliberadamente por el Juzgado cuarto y, más aún, inexplicablemente en la demanda de la defensa para poder interrogar a los testigos protegidos, ante el Segundo Tribunal Colegiado que debería tener lista ya la aceptación o no, Sarabia sólo entregó 28 de los 29 tomos del expediente judicial. ¿Por qué razón? Nadie da las explicaciones. Algo extraño pasa en el Juzgado cuarto que la Judicatura Federal no ha visto como lo vio en otros casos, pues el tiempo sigue pasando y el lento, lentísimo proceso de impartición de justicia, no llega ni para bien ni para mal, dejando en el aire un asunto que sigue siendo controversial en la opinión pública, pero en términos jurídicos, parece que está todo definido. Jorge Nader Kuri en su texto La responsabilidad penal del juzgador, sintetiza correctamente lo que está ocurriendo: “El aforismo según el cual ‘justicia retardada, justicia denegada’ significa que no basta con que los juzgadores se desempeñen con independencia de criterio e imparcialidad; sino que deben conducir con los procesos y pronunciar sus resoluciones con la oportunidad debida, establecida en la normatividad procesal correspondiente, pues de lo contrario afectan los fines de la administración de justicia como potestad jurisdiccional o realización del Derecho”. De ahí la pregunta necesaria: esta denegación de justicia, ¿lo sanciona el Consejo de la Judicatura Federal?
