El exrector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente expresó, en torno al debate actual que hay sobre los matrimonios igualitarios y la autorización para la adopción a parejas del mismo sexo, lo siguiente: “No hay que confundir a la ciudadanía con la feligresía ni los delitos con los pecados”. Y como dice Giovanni Sartori, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César y a la Sociedad Civil lo que es de la Sociedad Civil. Lo que en el fondo está en disputa es la laicidad, así como el reconocimiento de los derechos de las minorías, de los ciudadanos que todavía no están claramente protegidos por la ley, como es el caso de los ciudadanos o ciudadanas que han decidido integrar un matrimonio entre personas del mismo sexo, aunque debemos decir que en algunos entidades federativas ya están reconocidos como lo es en el Ciudad de México y en el estado de Coahuila. Los legisladores no legislan para los feligreses, lo hacen para los ciudadanos.
De acuerdo a los datos del INEGI del 2012, México tiene 120 millones de habitantes, y por el orden del 80 por ciento se dicen católicos. A partir de este dato, en este año, tal vez ya podamos apuntar que hay 100 millones que se declaran católicos. Un 12 por ciento practican otros cultos. Del resto, un cinco por ciento se declaró ateo o sin religión. Hay un porcentaje alrededor del tres por ciento que tal vez no quiso declarar.
Por otra parte, de acuerdo con INEGI, el inmenso aparato con el que cuenta la jerarquía católica, la inspiradora de las manifestaciones, está integrado por alrededor de siete mil parroquias y otros tantos centros pastorales, por más o menos unos 17 mil curas y casi 30 mil monjas, además de los cientos de organizadores vinculados a la Iglesia. El Frente Nacional por la Familia, que agrupa a las organizaciones convocantes, reportó 120 marchas, con una participación de más de un millón de participantes, en los 31 estados del País, previo a la gran Marcha Nacional llevada a cabo el 24 de septiembre en la Ciudad de México. ¿Por qué si la Iglesia Católica cuenta con toda esta estructura organizacional apenas movilizó un millón 250 mil feligreses? ¿Y por qué no marcharon los millones de católicos? ¿Será que no están de acuerdo con las orientaciones de sus curas y obispos?
Las preguntas surgen a partir de la encuesta publicada por el periódico Reforma el pasado 20 de septiembre, que fue levantada entre el 14 y 15 de septiembre, en pleno apogeo y apasionamiento en torno al debate sobre los matrimonios igualitarios. Según la encuesta, el 78 por ciento de la misma considera que es más importante tratar a todos por igual ante la ley, que sus creencias religiosas. Aquí se empieza a diferenciar la ciudadanía de la feligresía. Y se observa que muchos ciudadanos que profesan el catolicismo están en desacuerdo con sus pastores.
Veamos otros datos, de acuerdo al estudio de opinión en mención, el 90 por ciento de los encuestados está en contra de que se limiten los derechos de los indígenas; 90 por ciento, los de los discapacitados intelectualmente; 84 por ciento, los de los inmigrantes, y 78 por ciento, los de los homosexuales. Los datos hablan por sí solos. La percepción de la ciudadanía está cambiando, no sólo con respecto al Gobierno, los partidos políticos, el ejército, las instituciones de educación superior, sino también en relación a las iglesias.
La encuesta, en relación al debate sobre los matrimonios igualitarios, también arroja datos que debemos reflexionar todos los ciudadanos, creyentes y no creyentes, y sobre todo la jerarquía católica. Nos dice que el 42 por ciento de los interrogados recapacita que la unión entre personas de un mismo sexo debe ser reconocida por la ley con los mismos derechos que tienen los matrimonios entre personas de distinto sexo; 38 por ciento, que no debe ser reconocido por la ley, y 18 por ciento piensa que sí, pero con menos derechos. Esto es el 60 por ciento, de alguna manera piensa que sí.
De los encuestados, 45 por ciento piensa que como sociedad no hemos hecho lo suficiente para evitar la discriminación de los homosexuales; 24 por ciento, que su situación es adecuada, y 21 por ciento, que se les han dado demasiados derechos. Sobre la adopción por parte de las parejas de un mismo sexo, 53 por ciento se manifiesta en desacuerdo; 39 por ciento, de acuerdo, y ocho por ciento no tiene una opinión. La mayoría todavía no está de acuerdo. Los ciudadanos no sólo castigan a los malos gobiernos, también opinan que hay que proteger los derechos de las minorías.
