Por: Ignacio García
Los recursos de SIMAS no pertenecen a una persona, ni a una familia, ni a un grupo cerrado de funcionarios. Son recursos públicos. Son dinero del pueblo. Y como tales, por ley y por principio democrático, deben ser administrados con absoluta transparencia, con rendición de cuentas clara y con la disposición permanente a explicar en qué y cómo se gasta cada peso.
Sin embargo, en SIMAS ocurre exactamente lo contrario.
Desde la gerencia, Lorenzo Menera ha optado por cerrar la información, por negar el acceso a contratos, facturas y comprobaciones básicas del gasto. Esa negativa no es menor ni casual: constituye una violación abierta al principio más elemental de la función pública. Quien administra recursos públicos no decide si informa o no; está obligado a hacerlo.
La pregunta es inevitable:
¿por qué tanto miedo a la transparencia?
Cuando una administración se niega a mostrar documentos, cuando responde con evasivas o simplemente guarda silencio, no estamos frente a una omisión administrativa, sino ante una conducta deliberada de opacidad. Y la opacidad, en el ejercicio del poder, nunca es inocente.
Más grave aún resulta que las compras y decisiones clave pasen por un área coordinada por su propio hijo, William. Un esquema que, lejos de generar confianza, despierta todas las alertas posibles. Ahí se concentran los procesos, ahí se esconden contratos, ahí se niegan respuestas y ahí se pierde el rastro del dinero que debería destinarse a mejorar el servicio de agua potable.
Mientras la ciudad enfrenta fugas constantes, infraestructura deteriorada y recibos cada vez más caros para los usuarios, en SIMAS aparecen gastos en comidas, viajes y consumos que no cuentan con justificación pública ni explicación clara de su utilidad. No hay informes, no hay desglose, no hay transparencia. Solo silencio.
Eso no es administrar.
Eso es ocultar.
La transparencia no es una concesión graciosa del gerente en turno. No es un favor ni una cortesía. Es una obligación legal, ética y moral. Forma parte del contrato básico entre la autoridad y la ciudadanía. Quien no entiende eso, no debería estar al frente de un organismo público.
Porque cuando alguien se niega sistemáticamente a explicar cómo se gasta el dinero del pueblo, no está protegiendo a la institución que dice encabezar. No está defendiendo a SIMAS. Está defendiendo intereses personales. Está protegiéndose a sí mismo.
Y eso, en cualquier democracia que se respete, tiene un nombre claro: abuso de poder.
