Por: Sergio Soto
En Michoacán mataron a un alcalde.
A la vista de todos, en pleno evento público.
Y en su funeral, el pueblo no lloró: gritó.
Le gritó al gobernador lo que todo México sabe:
que el Estado ya no protege a la gente, se protege de ella.
Carlos Manzo no fue el primero, y lo peor es que no será el último.
Porque en este país los delitos pueden ser inevitables,
pero la impunidad siempre es una decisión del poder.
En Coahuila las balas suenan menos,
pero el silencio mata igual.
Aquí se asesina con sellos, con oficios, con olvidos.
El crimen se volvió institucional y la justicia un trámite.
Ahí está Fernando Purón Johnston, exalcalde de Piedras Negras, ejecutado en 2018 al salir de un debate.
José Eduardo Moreira Rodríguez, asesinado en 2012, recordatorio de que ni los apellidos del poder compran protección.
Juan Nelcio Espinoza, periodista torturado por policías en 2020; ARTICLE 19 acreditó la tortura y el caso duerme.
Saúl Tijerina Rentería, asesinado en Acuña en 2021 por documentar lo que incomodaba.
Valentín Valdés Espinosa, periodista de Zócalo, torturado y ejecutado en 2010 por escribir sobre crimen y política.
Alejandro Mendoza, “El Conejo”, detenido en Múzquiz, acusado con pruebas sembradas según su familia.
María Elizabeth Macías, “La Nena de Laredo”, periodista coahuilense decapitada en 2011 por denunciar en redes.
Rubén Espinoza, fotógrafo de Torreón, asesinado en la capital del país en 2015, porque en México ni el exilio protege.
Ellos no son números.
Son advertencias.
Y la advertencia es clara:
en Coahuila también hay guerra, pero aquí se libra con carpetas cerradas y conferencias abiertas.
Los delitos se cometen,
pero la impunidad se administra.
Y cuando un político, un funcionario o un policía usa su cargo para dañar,
también es delincuente.
El uniforme no limpia el crimen.
El fuero no borra la sangre.
El poder no absuelve: agrava.
Aquí no se mata sólo con pistolas.
También se mata archivando.
Y en este país hay más muertes firmadas que disparadas.
Yo lo viví.
Durante años tuve seguridad asignada por el Estado.
No era privilegio, era protección.
Y un día, sin aviso, me la quitaron.
No porque el riesgo desapareciera, sino porque yo seguí hablando.
Desde entonces vivo expuesto.
No me desarmaron: me señalaron.
Y cuando el gobierno que debía cuidarte te deja solo,
ya no es autoridad.
Es cómplice.
No ejerzo mi oficio con libertad.
Lo hago con miedo, con cautela, con la conciencia de que cada palabra puede ser la última.
Y eso, aunque lo nieguen, también es censura.
Porque el periodista que escribe cuidando cada línea
ya está parcialmente muerto.
No escribo esto por miedo.
Lo escribo porque callar sería complicidad.
Porque un país que no nombra a sus muertos repite su historia.
Y en Coahuila hay que decirlos todos:
los periodistas, los alcaldes que no se vendieron,
los activistas, los policías que se negaron a pactar.
Cada uno de ellos fue prueba de que en esta tierra hay valor,
pero el valor siempre paga caro.
Los que los mataron —aunque tengan uniforme, cargo o investidura—
son criminales.
Porque matar, torturar o sembrar desde el poder no es autoridad:
es corrupción con placa.
Yo ya no tengo la seguridad que tenía.
Ni la física, ni la moral, ni la institucional.
El Estado me la quitó sabiendo el riesgo.
Y al hacerlo, me dejó expuesto, vulnerable y silenciado.
Porque desde entonces no ejerzo mi oficio sin miedo ni libertad.
Y eso, en sí mismo, ya es una forma de muerte.
El peligro no está en la calle: está en las oficinas.
Ahí donde deciden quién merece protección y quién merece advertencia.
Ahí donde el silencio se llama protocolo.
No busquen culpables en la oscuridad si algo me pasa.
Los nombres están en los oficios, en los despachos,
en quienes decidieron retirarme la seguridad,
y en quienes lo permitieron sin decir nada.
Porque en México los periodistas no mueren por lo que inventan.
Mueren por lo que saben.
Y los gobiernos que le temen a la verdad
terminan pareciéndose a los criminales que dicen perseguir.
Así que, igual que Manzo,
no digan que no se los advertí.
🕯 En memoria de los que hicieron su parte y el Estado no hizo la suya.
Porque los que matan son delincuentes, pero los que encubren también.
(Coahuila, 2009–2024)
