Por: Sergio Soto Azúa

Hace poco más de quince días, Estados Unidos fijó una recompensa de cincuenta millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro. El gesto parece simple: dinero a cambio de información. En realidad es una jugada de poder que redefine la relación entre diplomacia, soberanía y fuerza.

Al ponerle precio a un presidente en funciones, Washington rompió con la ficción de la política internacional como un escenario de iguales. Lo descendió de la mesa de negociación al cartel de “se busca”. No importa si Maduro cae o sobrevive; lo importante es que quedó marcado. Ese billete no está pensado para atraparlo mañana, sino para corroer su círculo íntimo: para que cada general, cada ministro, cada escolta se pregunte si su lealtad vale menos que la oferta de un nuevo destino con protección estadounidense. Es la guerra psicológica en su forma más pura: no derrotar al enemigo en campo abierto, sino hacer que se pudra desde dentro.

No es la primera vez que Washington juega esta carta. Durante la Guerra Fría, bastaba con tachar a un líder extranjero de comunista para justificar sanciones, golpes de Estado o bloqueos. Décadas después, el narco se convirtió en la etiqueta perfecta: de Noriega en Panamá a los capos mexicanos con sus retratos colgados en las oficinas del FBI. La recompensa no es un acto de justicia; es un instrumento de poder. Y como todo instrumento, importa menos su eficacia real que el mensaje que transmite: “tenemos la capacidad de ponerle precio a cualquiera, incluso a un presidente”.

El movimiento también funciona como espectáculo interno. Para Donald Trump, la recompensa es más eficaz que un discurso en campaña. Un cartel con la cara de Maduro y la cifra monumental debajo condensa la narrativa de fuerza que su electorado espera: un líder que no duda en convertir a un jefe de Estado extranjero en enemigo público. Lo que para Venezuela es un golpe diplomático, para Estados Unidos es un anuncio electoral. No se trata de política exterior, se trata de marketing político con consecuencias globales.

La región entera toma nota. Para Cuba, Nicaragua o Bolivia, el mensaje es claro: cualquiera puede ser marcado. Para los organismos multilaterales como la OEA o la ONU, el dilema es incómodo: ¿cómo dialogar con un mandatario al que la primera potencia del mundo ya considera un prófugo con precio? Y para los gobiernos que simpatizan con el chavismo, el aviso es brutal: negociar con Caracas es negociar con un “criminal internacional” en potencia.

Y México, en medio. La presidenta Claudia Sheinbaum hereda una tradición de neutralidad: la Doctrina Estrada, el principio de no intervención, la convicción de que la soberanía se respeta incluso cuando no se comparte el régimen. Pero también enfrenta la realidad: Estados Unidos no es un espectador, es el vecino que determina mercados, migración y seguridad. Guardar silencio absoluto frente a un cartel de “se busca” con rango presidencial puede sonar prudente, pero también puede leerse como vacío de estrategia.

Sheinbaum ya ha rechazado, con cuidado, la narrativa de que México avale expedientes judiciales extranjeros para justificar intervenciones militares. Pero ese gesto diplomático no resuelve el dilema. Porque el caso de Maduro no es solo Venezuela: es migración de millones de venezolanos que cruzan por México, es la presión estadounidense para endurecer controles en la frontera sur, es la sombra de sanciones económicas que se mueven como piezas de ajedrez. La neutralidad mexicana se enfrenta a pruebas concretas: ¿qué se hará cuando Trump pida apoyo explícito en foros internacionales? ¿Qué pasará si la recompensa deriva en operaciones militares en el Caribe que alteren la estabilidad regional?

Un país de tamaño medio como México no puede ignorar que la política continental se redefine con recompensas, sanciones y despliegues militares. Cada decisión —permitir o no vuelos, abrir o no canales de diálogo, reconocer o no la legitimidad de un proceso electoral en Venezuela— se convierte en declaración de alineamiento. La pregunta no es si México intervendrá, sino si podrá sostener la idea de no intervención sin pagar un costo mayor.

Y hay un elemento adicional: la memoria histórica. México ha sido refugio de exiliados políticos durante décadas. Desde los republicanos españoles hasta los chilenos que huyeron de Pinochet, nuestra política exterior se ha enorgullecido de abrir puertas. ¿Podrá Sheinbaum sostener esa tradición si el vecino del norte la presiona para cerrar todas las rutas a los venezolanos? ¿No sería esa la forma más evidente de renunciar a nuestra propia soberanía moral?

La recompensa sobre Maduro es un recordatorio de que el poder no siempre se mide en ejércitos o tratados. Hoy se mide en narrativas compradas con cifras imposibles de ignorar. Estados Unidos usa el dinero como arma, Venezuela lo convierte en símbolo de resistencia, y México enfrenta la obligación de decidir si su neutralidad es principio o excusa.

Porque el verdadero precio no son los cincuenta millones de dólares que figuran en el cartel. El verdadero precio es el que paga cada país cuando elige callar, alinearse o resistir. Y ese costo, para México, apenas comienza a calcularse.

Por Liz Salas