CIUDAD DE MÉXICO 12-Jun-2025 .-Alejandra Cuevas Morán, absuelta del supuesto homicidio de Federico Gertz Manero, denunció hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado mexicano por las graves violaciones a los derechos humanos de ella y su familia.
En un mensaje videograbado y difundido en redes sociales, Cuevas acusó al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, de una persecución que concluyó con su exilio y el de sus familiares, luego de pasar por una detención arbitraria, un encarcelamiento injusto de 528 días y una tortura estructural.
«Este caso es un espejo de lo que puede suceder cuando el sistema de justicia se convierte en arma del poder político, no es sólo una historia mexicana, es una advertencia continental sobre los riesgos de impunidad, la manipulación judicial y la persecución disfrazada de legalidad», dice la mujer, quien fue acompañada a la CIDH por su hijo Gonzalo Castillo Cuevas y el activista Adrián LeBarón.
«Por eso denuncio hoy al Estado mexicano ante esta honorable comisión y solicito que declare su responsabilidad internacional por las graves violaciones de derechos humanos que sufrimos y que recomiende las medidas necesarias para restituirnos en lo posible la dignidad, el proyecto de vida y la protección que nos fueron negadas».
Cuevas es hija de Laura Moran Servín, pareja sentimental de Federico Gertz Manero durante 52 años, y ambas fueron denunciadas penalmente por el titular de la Fiscalía General de la República por el supuesto homicidio por negligencia de su hermano, ocurrido en 2015.
El 16 de octubre de 2020 la mujer fue aprehendida e internada en el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla, pero el 28 de marzo de 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó su libertad y canceló la orden de aprehensión contra su madre, nonagenaria, al estimar que la acusación carecía de elementos.
«Fui víctima de una detención arbitraria, consecuencia de una persecución institucional encabezada por Alejandro Gertz Manero, actual y primer Fiscal autónomo de México», acusó la también activista, quien denuncia que estuvo presa sin pruebas, sin un juicio justo, sin derecho a la defensa y acusada por una figura jurídica inexistente denominada de ‘garante accesorio'», expuso.
«Fui privada de la libertad no por cometer un delito, sino por representar una amenaza simbólica para quien detenta el poder, mi encierro no fue un error ni una omisión, fue un acto deliberado ejecutado con precisión por instituciones que traicionaron su mandato constitucional y se pusieron al servicio de la venganza, pero no fui la única: mi madre Laura Morán Servín, de 94 años, también fue criminalizada sin sustento legal».
Esta afectación profunda e irreparable, añade, al proyecto de vida familiar es también una forma de tortura estructural.
«Tras mi liberación, lejos de recuperar la paz, mi familia y yo nos vimos forzados a abandonar el país, vivimos en el exilio, en tierra ajena, marcados por el miedo, el desarraigo y la sensación de que nuestra libertad sigue siendo condicional».
La denunciante explicó que su denuncia fue presentada ante la CIDH porque en México la justicia fue desplazada por el castigo y el Estado de Derecho por el abuso de poder.
«Dos mujeres adultas mayores fuimos perseguidas por haber cuidado, por haber amado, tres generaciones fuimos quebradas por un sistema que cuando abandona el derecho, convierte a la ley en arma. La persecución que viví quebró el proyecto de vida no sólo mío sino de mis hijos y nietos, ellos como yo fueron desplazados, estigmatizados, y emocionalmente devastados, perdieron estabilidad, empleos, vínculos, y un sentido básico de seguridad y futuro», sostuvo.
«Esto no es solo mi causa, es la causa de miles de personas que no tienen micrófono, abogados ni redes de apoyo, a todas ellas las llevo en la voz y en mi corazón, por ellas estamos aquí y por ellas no vamos a callar, esta comisión representa el último muro ante el autoritarismo y si no nos escuchan aquí ¿dónde?».
