CIUDAD DE MÉXICO 29-May-2025 .-Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, podría comprometer la transparencia, calidad regulatoria y seguridad jurídica de ciudadanos y empresas, advirtieron expertos de México Evalúa y Coparmex.
La propuesta promete reducir los tiempos de gestión mediante la digitalización del 80 por ciento de los trámites burocráticos, a través de una identidad digital única «Llave Mx».
Analistas alertan que, en caso de no rediseñarse los trámites ya existentes, la misma digitalización podría perpetuar e incluso perjudicar los procesos administrativos.
«No puedes digitalizar encima de procesos o de trámites que no están bien establecidos, que son redundantes o que tienen vicios», comentó Mariana Campos, directora de México Evalúa.
Uno de los puntos más criticados es sobre las múltiples excepciones que se hacen del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) en temas como: expropiaciones, fiscalidad o seguridad.
«Cerca de 150 mil regulaciones a nivel nacional y más de 300 mil trámites en los tres niveles de Gobierno, es un reto enorme; la mejor forma de implementar un proceso de simplificación es hacerlo de la mano con el usuario», señaló Juan de Dios Barba, presidente de la comisión de competitividad y mejora regulatoria de Coparmex.
Asimismo, cuestionan la centralización de competencias federales en una sola dependencia, así como la falta de mecanismo de rendición de cuentas y seguimiento.
«Dicho proyecto no aborda de manera precisa el rezago tecnológico de municipios con baja conectividad ni la exclusión de grupos vulnerables, por lo que la implementación sin inversión en infraestructura y alfabetización digital podría profundizar las desigualdades», criticaron.
Por su parte, Ana Lilia Moreno, coordinadora en México Evalúa, advirtió que para lograr una transformación legítima es indispensable que la aplicación de la ley esté alineada con las mejores prácticas internacionales, ya que en el fondo está en juego la capacidad del Estado para generar confianza entre ciudadanía y Gobierno.
«Pese a que México concentra el 55 por ciento de los ciberataques dirigidos a América Latina, la iniciativa carece de un marco que garantice, desde la ley, los derechos digitales en vez de delegar estas acciones a normas o estrategias, es decir, ordenamientos de menor fuerza jurídica», expresó Sissi de la Peña, directora de la Academia Mexicana de Ciberseguridad.
Algunas recomendaciones dadas por los especialistas son:
Aplicar modelos probados de digitalización para facilitar el cumplimiento ciudadano y empresarial.
Asegurar un presupuesto transexenal que garantice la continuidad del proyecto.
Limitar las excepciones al AIR.
Restaurar procesos de participación ciudadana más amplios para recabar opiniones y sugerencias de las partes interesadas en la construcción de regulaciones.
Preservar la autonomía local con recursos y capacidad de acción.
Evaluar y rediseñar trámites antes de digitalizarlos
Invertir en infraestructura y alfabetización digital.
Fortalecer la protección de datos personales y derechos digitales desde la ley.
Preservar los mecanismos de generación de estadísticas e indicadores públicos de seguimiento y evaluación bajo criterios técnicos e imparciales.
