Vas a comprar, no a pagar estacionamiento.
Pero antes de entrar, ya te están cobrando.
¿Desde cuándo cumplir con la ley se volvió un negocio?
Por ley, si un establecimiento ofrece atención al público, debe proporcionar espacios de estacionamiento. Entonces, ¿por qué te cobran por lo que ya es una obligación?
Esta es una pregunta que se hacen millones de personas cada día, en cada ciudad del país. Vas a una plaza comercial, un cine, un centro de espectáculos o incluso a un supermercado, y lo primero que te encuentras no es una bienvenida: es una pluma automática que te recuerda que tendrás que pagar por el simple hecho de haber estacionado tu vehículo.
La normativa urbana —como lo establece claramente el Reglamento de Desarrollo Urbano y Construcciones del Municipio de Saltillo, y similares en otras ciudades— es precisa: para obtener una licencia de funcionamiento, los establecimientos con atención al público deben garantizar cajones de estacionamiento suficientes y adecuados. No es un lujo ni un extra: es un requisito. El número de cajones, sus dimensiones, la inclusión de espacios para personas con discapacidad, la distancia al local… todo está normado. Sin embargo, en la práctica, ese servicio obligatorio se ha convertido en un negocio paralelo.
Porque una cosa es que la ley obligue a proporcionar estacionamiento… y otra muy distinta es que lo prohíba cobrar. Ahí está el vacío. La legislación exige su existencia, pero no condiciona su gratuidad. Y muchas plazas comerciales han aprovechado esa omisión para generar ingresos millonarios por un servicio que no debería tener costo adicional para el cliente.
Más aún: en estados como Jalisco, se ha regulado el cobro, estableciendo que si el consumidor acredita consumo, el estacionamiento debe ser gratuito. Pero, incluso ahí, ¿no es esta una forma de condicionar tu libertad como cliente? La pregunta es simple: si me obligas por ley a proporcionarte estacionamiento para operar, ¿con qué derecho me lo cobras? ¿Por qué debo consumir para acceder a algo que ya es un derecho urbano garantizado?
La lógica parece invertida. Tú, como propietario de un negocio que ofrece servicios al público, tienes la obligación de prever la infraestructura necesaria para no afectar la movilidad ni saturar la vía pública. No es un favor: es una condición para operar. Entonces, si me cobras por el estacionamiento, estás lucrando con una obligación legal.
Y hay casos en los que el ingreso por estacionamiento supera al del local comercial. Hay centros comerciales donde los operadores de los lotes de estacionamiento generan más ingresos netos que varios de los negocios que rentan locales dentro del complejo. Se ha convertido en un modelo de negocio rentable y, en algunos casos, abusivo.
¿Qué dice la gente? Las encuestas ciudadanas y los comentarios en redes sociales son claros: la mayoría considera injusto el cobro de estacionamiento cuando el lugar está obligado por ley a proporcionarlo. Se sienten doblemente cargados: por consumir y por estacionarse. Y peor aún, cuando no hay seguridad garantizada, y el establecimiento se deslinda de cualquier robo o daño al vehículo, aunque cobren por el uso del lugar.
¿Se debe cobrar el estacionamiento en estos casos? El debate no es menor. No se trata de “si puedes pagarlo o no”, sino del principio de equidad y legalidad. Un servicio obligatorio no debería convertirse en una fuente de ganancia adicional. Porque si lo haces, estás desviando el propósito de la norma y cargando al ciudadano el costo de una responsabilidad empresarial.
La discusión está abierta. Y sería útil que los municipios, los legisladores locales y las autoridades de protección al consumidor revisen esta práctica. No se trata de eliminar servicios, sino de respetar derechos. Y el derecho a no pagar debería ser uno de ellos.
