Por: Sergio Soto Azúa
En la política mexicana hay algo peor que el fracaso: la simulación. Y en el terreno de la seguridad pública, simular es traicionar. Traicionar a las víctimas, a las instituciones y al país. Por eso vale la pena comparar, medir y confrontar cuando se trata de quienes hoy tienen en sus manos la tarea de garantizar justicia y seguridad.
De un lado, Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Del otro, Federico Fernández Montañez, fiscal general de Coahuila, pero también —y esto hay que decirlo sin rodeos— operador de facto de la Secretaría de Seguridad estatal. Porque aunque ya no ocupa ese cargo, sigue marcando sus decisiones, estrategias y hasta la narrativa oficial. Su poder ahí no terminó, solo cambió de uniforme.
La comparación no es obvia, pero es legítima. Uno diseña políticas desde el centro del país, con respaldo legislativo, operativos complejos y resultados documentados. El otro, desde una entidad que presume seguridad en las cifras, pero carga con una justicia que no se siente en las calles. Ni en las familias. Ni en las madres que siguen esperando respuestas.
En febrero pasado, el Senado aprobó la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, propuesta por Harfuch. Fue un voto casi unánime: 104 a favor. Sus ejes son claros: prevención social, consolidación de la Guardia Nacional, inteligencia real y coordinación con los estados. Bajo su gestión, se han desmantelado laboratorios, capturado células, decomisado toneladas de droga y detenido a más de 10 mil generadores de violencia.
Uno de sus mayores aciertos fue la “Operación Enjambre”, en el Estado de México. Ahí no solo cayeron funcionarios corruptos, mandos coludidos y una expresidenta municipal ligada al crimen. Lo que distinguió el operativo fue que se siguió el hilo. No se detuvo en la portada. Cada captura abrió otra puerta. Ese es el punto: Harfuch no trabaja para la estadística, trabaja para desmontar sistemas.
¿Y qué pasa en Coahuila?
Federico Fernández llegó a la Fiscalía en noviembre de 2024, después de años controlando la Secretaría de Seguridad Pública. Pero no dejó ese poder: lo trasladó. Hoy, aunque formalmente hay un nuevo titular, las decisiones clave siguen saliendo de su oficina. Por eso, los fracasos también deben llevar su nombre.
El rezago que encontró es brutal: más de 225 mil carpetas sin resolución. Pero la respuesta institucional ha sido desconcertante. En lugar de investigar, analizar o vincular patrones criminales, se ha apostado por lo administrativo: cerrar por archivo, recurrir a acuerdos reparatorios, maquillar cifras. No se limpia la Fiscalía; se barre debajo del tapete.
Y lo más grave: muchos de esos casos están ligados a desapariciones, violencia familiar, agresiones sexuales, extorsión. Son historias de carne y hueso. Pero en la narrativa institucional, todo se reduce a que “la percepción va mejorando”.
La diferencia entre uno y otro no es solo de cargo ni de presupuesto. Es de convicción. Harfuch entiende que cada caso cerrado sin verdad es una derrota del Estado. Fernández parece convencido de que lo importante es que no haya ruido, aunque la impunidad siga gritando.
Y sí, Coahuila presume seguridad. Pero vale la pena preguntar: ¿seguridad para quién? ¿Para quienes no denuncian porque no creen? ¿Para quienes callan porque saben que no habrá justicia? ¿Para los que han entendido que, en esta tierra, la ley se aplica solo si no incomoda?
La simulación institucional tiene rostro. Y en este caso, es el de un fiscal que juega a dos bandos: justicia en el papel, control político en la práctica.
Federico Fernández debería, al menos, tener congruencia en su simulación. Porque intentar una limpieza administrativa sobre carpetas de años en los que él mismo participó, no es solo incongruente: es inmoral. Está completamente divorciado del sentir ciudadano. La división de poderes existe para frenar excesos, no para protegerlos. Y Coahuila está viendo justo eso: un exceso de poder vestido de orden.
Este estado presume orden porque no hay denuncias. Pero no se denuncia porque no se cree. Y eso convierte a las cifras en una farsa. Coahuila se ve bien… solo si uno no la vive.
El viejo sistema priista de encubrimiento y simulación no ha muerto: solo se actualizó. Y en Federico Fernández encontró a su mejor continuador. Pero los tiempos han cambiado. Hoy no se necesitan más fórmulas antiguas ni estrategias mediáticas. Hoy se necesitan decisiones valientes contra los verdaderos enemigos del Estado, no contra los expedientes de las madres que buscan a sus hijos.
Coahuila ha sido —y por lo visto seguirá siendo— el hoyo negro de la justicia mexicana. Pero incluso en un hoyo negro, siempre hay quien busca una grieta por donde entre la luz.
