Bogotá, 23 mar (EFE).- Han pasado casi tres meses desde que un senador revelase una «red de explotación sexual» en el Congreso de Colombia y aunque el caso es grave, el miedo a denunciar y las esferas de poder que rodean los casos de acoso sexual acallan el inminente #MeToo político colombiano.
Es un rumor constante, un grito a voces, una pregunta que se contesta con un «esto no es nuevo», pero que nadie se atreve a denunciar en público.
«A mí no me extraña que esto sucediera. ¿Y por qué no me extraña? Porque es algo que sucede en todos los ámbitos de la vida de las mujeres», dice a EFE la senadora María José Pizarro, a quien el presidente Gustavo Petro encomendó la investigación a través de una comisión parlamentaria.
LOS POCOS CASOS QUE SE CONOCEN
Tras la denuncia del ahora exsenador Gustavo Bolívar, una columna de la abogada Ana Bejarano en la revista Cambio contaba sobre una chica de «ojos verdes» que le habló de un «influyente congresista» que trabajaba con «un horroroso sistema de premios y castigos»: «Cuanto mejor el orgasmo, mayor acceso a la labor legislativa».
Aún sin nombres, la primera denuncia pública ha sido en contra del director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Mauricio Lizcano, de cuando era senador y supuestamente intentó besar a una mujer que acudió a una entrevista de trabajo.
«Si quiere el trabajo, esta es la manera», contó la mujer, según relató la periodista Vanesa De La Torre en el diario El País.
No obstante, son «denuncias de carácter protegido» hechas por «personas que no mostraron sus rostros, sencillamente contaron un relato», cuenta Pizarro, quien espera que se pueda crear el clima de confianza para que más mujeres denuncien.
Porque aunque haya «un señalamiento» contra una persona, «prima la presunción de inocencia, entonces hay una situación muy complicada porque hasta que ella no se anime a hablar, básicamente se queda en una denuncia en los medios de comunicación que no transita directamente a la Fiscalía».
Las que sí han llegado a la Fiscalía han sido las últimas, del senador Jota Pe Hernández, en contra de John Jairo Uribe, productor del Canal del Congreso -que depende de una empresa subcontratada- por abuso sexual y acoso laboral.
Uno de los denunciantes es Daniel, quien fue «despedido por no querer darle parte de su salario». «A Daniel, por ejemplo, lo acosaba sexualmente», mientras que a otro de los denunciantes, «luego de drogarlo, lo abusaba sexualmente no en una sino en muchas ocasiones», explicó el congresista en su Facebook.
Es un «caso de explotación sexual de hombres», dice Pizarro, pero «hay denuncias muy graves de tipo, por ejemplo, laboral que es un despido injustificado; de explotación sexual, es decir, de personas que han sido abusadas sexualmente; de acoso sexual; también de tráfico de drogas».
El último casos conocido, a través del medio Vorágine, también atañe a un miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo del presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, miembro del Pacto Histórico, partido de Gobierno.
En concreto aborda el acoso sexual de Yidis Gahona a una de las que trabajaban en la campaña electoral, Wendy Calderón, que acabó suicidándose por el acoso y la muerte política a la que se vio sometida cuando denunció.
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
Las sesiones parlamentarias ordinarias se retomaron la semana pasada y el Congreso apareció empapelado con carteles para animar a las mujeres: «En esto te acompañamos», rezaban, junto a dos correos para denunciar: denunciasegura@senado.gov.co y denunciasegura@camara.gov.co.
«Que jóvenes de escasos recursos estuvieran siendo maltratados, violentados, abusados sexualmente y que todo eso haya sucedido aquí en nuestras narices y estoy segura que esto está sucediendo en sus equipos de trabajo», les espetaba en la primera sesión Pizarro a sus colegas.
En el Congreso se trabaja, además de la comisión encargada por Petro, en la Comisión de la Mujer que desde antes de las denuncias preparaba un protocolo aprobado hace unas semanas.
«No es una ruta integral de atención a las violencias basadas en género sino a los casos de abuso y de acoso sexual en el ámbito laboral del Congreso de la República», explica Pizarro.
Aún no ha llegado ninguna denuncia a través de esos canales, pero Pizarro asegura que «hay tres denuncias por lo menos ante la Fiscalía» y se muestra confiada de que «vienen más».
«Sabemos que no va a ser un trabajo sencillo», confiesa Pizarro, que es consciente además de que la confianza en ella se puede ver mermada porque es cercana a Petro y por ende a muchos de los hombres fuertes que podrían ser denunciados.
Pero confía en que «si llenamos de legitimidad este proceso de investigación, las denuncias van a llegar» porque las mujeres se van a ver protegidas y van a denunciar, y entonces todo va a funcionar «como un dominó».
«Nuestro objetivo es transformar la sociedad, no seguir viviendo en una sociedad violenta, sino todo lo contrario, en una sociedad donde las mujeres podamos sentirnos seguras y tranquilas»
Fuente: EFE
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