El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, permitirá a los estados desviar fondos del paquete de rescate de la pandemia a medidas para reducir el número de armas que circulan de manera ilegal en el país, así como a ayudar a las comunidades más golpeadas por la violencia.
El gobernante hará ese anuncio este miércoles durante un discurso en la Casa Blanca sobre su estrategia para reducir la criminalidad, incluida la necesidad de un mayor control de armas, adelantaron dos altos funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato en una conferencia de prensa telefónica.
El plan de Biden consta de cinco puntos y tiene el objetivo de reducir el número de homicidios en las principales ciudades, que el año pasado coincidiendo con la pandemia aumentaron un 33%.
Para ello, el mandatario permitirá a los estados desviar parte de la partida de 350.000 millones destinada a Gobiernos locales y estatales que forma parte del plan de rescate de 1,9 billones de dólares que el Congreso aprobó en marzo de este año para paliar los efectos de la pandemia.
En concreto, los estados podrán usar ese dinero para contratar policías, invertir en nuevos tipos de entrenamiento policial y adquirir tecnología que permita a los agentes responder de manera más rápida a incidentes con armas de fuego.
Además, los estados podrán invertir en programas educativos destinados a prevenir la violencia y dirigidos a aquellas comunidades que, por razones sociales y económicas, tienen más probabilidades de verse envueltas en sucesos con armas de fuego, ya sea como víctimas o como victimarios.
Por otro lado, junto al fiscal general, Merrick Garland, Biden también anunciará este miércoles una política de «tolerancia cero» contra aquellos comerciantes de armas que están acreditados a nivel federal y que incumplen la ley, por ejemplo, vendiendo una pistola en el mercado negro.
También anunciará medidas para ayudar a la reinserción social de presos con el argumento de que eso ayudará a reducir la criminalidad.
Específicamente, el Gobierno de Biden tiene previsto dar ayuda de vivienda a algunos exreclusos y dar incentivos fiscales a empresas que contraten a un expreso en los primeros 12 meses de su salida de la cárcel.
Por último, el gobernante quiere usar parte del presupuesto del próximo año fiscal, que aún tiene que aprobar el Congreso, para que haya un agente especializado en armas de fuego en todos los departamentos de policía del país.
Fuente: EFE
[pvcp_1]
