La iniciativa contempla que la emisión, utilización, compra y adquisición de facturas falsas sea un delito grave y se introduzca en la modalidad de delincuencia organizada.
El equipo de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados tienen listo un paquete de reformas a diversas leyes y códigos, que contienen penas de hasta diez años de cárcel a quien acuda y participe en las llamadas “empresas fantasma”.
En un anuncio que hará este miércoles, la bancada en San Lázaro presentará una iniciativa–a la que tuvo acceso El Financiero– que propone clasificar esta práctica como “delito grave” y hasta considerarla una modalidad de “delincuencia organizada”.
Entre las medidas que propondrá destacan la “retención de dos terceras partes del IVA causado exclusivamente en prestación de servicios; retención del 10 por ciento del monto de la factura a cuenta de ISR del monto que ampare la factura por concepto de servicios; elevar la penalidad de la emisión, utilización, compra y adquisición de estas facturas falsas en la siguiente forma: aumentar la pena corporal a 2 a 10 años de prisión; elevarlo a delito grave; e introducirlo en la modalidad de delincuencia organizada”.
En un estudio en poder de los legisladores, exponen que con estas medidas “se cumplirá la promesa de campaña del hoy presidente electo, de acabar con este método que se ‘institucionalizó’ y que, mediante un sistema sofisticado y bien diseñado, convirtió al actual gobierno en el `sexenio de las facturas falsas`”.
Precisa que “las ‘empresas fantasma‘ han sido utilizadas por entidades del sector público de la Federación, estados y municipios, para simular contratos de prestación de servicios, difíciles de rastrear, tales como ‘asesorías’, ‘estudios’, ‘diseño de imagen institucional’, ‘publicidad’, ‘servicios administrativos’, etcétera”.
Por ello, estas propuestas de reformas “buscan poner un semáforo de alerta para inhibir esta sangría de recursos del presupuesto público”, señalan, y se alerta que “el SAT ha estimado que alrededor de 2.04 billones de pesos han sido facturados por las más de 8 mil 500 empresas publicadas en las listas”.
Explica que “las empresas que venden facturas son conocidas como EFOS o empresas fantasma, pues no tienen operaciones reales, sino que venden comprobantes fiscales emitidos a través de los medios electrónicos (CFDIs) aceptados por el SAT. Éstas generan una grave competencia desleal en detrimento de las empresas y empresarios mexicanos que sí están realmente trabajando y pagando sus impuestos”.
Sobre su forma de operar, se indica que “forman parte de redes delincuenciales dedicadas a la evasión sistemática de impuestos. Crean un conjunto de empresas (EFOS) y a medida que el SAT las va descubriendo y publicando en las listas negras, las abandonan y crean nuevas empresas que sustituyan a las anteriores”.
Además, “los accionistas por lo general son prestanombres que ocultan a los verdaderos delincuentes. Para conseguir a los accionistas, usan fundamentalmente dos métodos: Contratan gente modesta de escasos recursos aprovechándose de su necesidad, o roban o compran en el mercado negro los datos de identidad de personas totalmente ajenas, que no se enteran que forman parte de estas empresas, sino hasta que, en su caso, les llega un requerimiento del SAT para pago de impuestos”.
“Las empresas que compran estas facturas (EDOS) simulan la veracidad de la operación, pagando su monto más el IVA, a través de un medio rastreable como la transferencia bancaria o cheque. Finalmente la empresa fantasma les regresa el dinero que le pagaron menos la comisión por la venta de la factura entre 4% y 8%. Este dinero se regresa en cambio, a través de un medio no rastreable, como efectivo, depósitos en el extranjero (especialmente en paraísos fiscales), criptomonedas o tarjetas pre-pagadas”, resume el documento.
