El Parlamento de Portugal ha aprobado este jueves una ley que permite notificar el cambio de sexo en el registro civil desde los 16 años y que ahora exige a los menores que incluyan un informe médico, tal y como ha pedido el presidente del país, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, al vetar la propuesta original.
La primera redacción de la ley, que no exigía informe y rebajaba de los 18 a los 16 años la edad mínima para hacer este trámite, había sido aprobada por el Parlamento en abril, pero un mes más tarde Rebelo de Sousa la vetó, en virtud de sus prerrogativas constitucionales.
El presidente portugués ha devuelto la norma a los diputados, a los que ha pedido que ponderasen «la inclusión de un informe médico previo a la decisión sobre la identidad de género antes de los 18 años de edad». Este veto implicaba que la ley tuviera un segundo debate en el Parlamento, donde este jueves se podía aprobar sin modificaciones ni enmiendas.
Finalmente, han optado por la segunda opción, con una propuesta acordada entre el gobernante Partido Socialista (PS), el marxista Bloque de Izquierda (BE) y el Partido de las Personas, los Animales y la Naturaleza (PAN, ambientalistas) que incluye el requisito del informe que deberá ser realizado por un psicólogo.
La nueva versión
Se trata de un documento que atestiguará únicamente su «capacidad de decisión y voluntad informada, sin referencias a diagnósticos de identidad de género», según consta en el texto aprobado.
La propuesta ha salido adelante con los votos a favor del PS, el BE, el PAN y, para sorpresa de la cámara, el Partido Comunista Portugués (PCP), que se abstuvo en la votación de la norma original en abril.
En contra se han posicionado el Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha) que han aprovechado esta revisión de la ley para pedir que se exija informe médico en todos los casos y, con ello, han recibido reproches por parte de los grupos de izquierda.
Ante las críticas de estos partidos, que le han acusado de estar «en contra de la autodeterminación de género», el PSD ha insistido en que «es fundamental que haya un respaldo científico», un argumento en el que solo le ha apoyado el CDS-PP, la formación más a la derecha del hemiciclo.
«El proceso de autonomía es progresivo y desarrollado en varias etapas. A pesar de que ustedes quieran decir lo contrario, a los 16 años no se consigue completar ese proceso», ha defendido la portavoz del CDS-PP, que también ha votado en contra.
Tras el trámite legislativo de este jueves, la ley vuelve a estar sobre la mesa de Marcelo Rebelo de Sousa, quien aseguró cuando vetó su primera versión que la promulgaría si el Parlamento incluía un informe médico para los menores.
Por tanto y salvo sorpresa, la norma será promulgada en ocho días, según los plazos que establece la Constitución portuguesa, que permite al jefe del Estado, en caso de que tenga otras objeciones al contenido, remitirla directamente al Tribunal Constitucional.
En los dos años transcurridos desde que asumió el cargo, Rebelo de Sousa ha utilizado su poder de veto en nueve ocasiones, un registro elevado en comparación con anteriores presidentes de Portugal.
La devolución de las normas al Parlamento para su revisión y eventual aprobación no es un hecho aislado para los representantes políticos lusos, que han modificado durante este periodo normas de calado social, financiero o político.
Fuente: huffingtonpost.es
