El 1 de julio es el día de las elecciones en México. La mayoría de los 89 millones de electores registrados saldrán a votar. Por la noche se presentará el momento en el que voltearemos a ver al árbitro electoral y entonces podría presentarse el riesgo de que pase como en el futbol, los perdedores responsabilizan al árbitro de su derrota, los ganadores afirman que triunfaron a pesar de él. De todos modos el responsable de que se respeten las reglas del juego, sale “raspado”.
El Instituto Nacional Electoral (INE) es producto de la inacabada reforma política que inició hace más de 40 años y ha permitido que los mexicanos tengamos instituciones que se han fortalecido y administran la disputa por el poder, pero no significa que sean perfectas; algunas de sus decisiones han suscitado polémica entre los actores de la política y entre la ciudadanía.
Un caso reciente fue otorgar registro para que disputaran la presidencia a Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderon, “El Bronco”, a pesar de que falsificaron firmas. El INE autorizó la participación de Zavala y se la negó Jaime Rodríguez. Lo que posteriormente fue enmendado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, (TRIFE) lo que motivó controversia entre estas instituciones y desconcierto entre la ciudadanía que cuestionó la “flexibilidad” de ambas autoridades en la aplicación de la ley.
Se interpretó que los ciudadanos podían “violar la ley” y aun así lograr su objetivo. Fue la “aplicación de la ley” ¿por consigna de quién? El INE tuvo que acatar el mandato del TRIFE.
El mayor riesgo de que reclamen al árbitro electoral los jugadores se dará cuando se informe a los mexicanos quién ganó en las urnas la presidencia de la república. Hace algunos días el Consejo General del INE, a solicitud de los partidos representados, autorizó algunas modalidades para votar; incluyen hacerlo cruzando el logo de los partidos que integran una de las coaliciones. Así, eso se considerará como voto válido, pero si el ciudadano cruza el logo de algún partido que no sea de la coalición que desea apoyar, entonces el voto se anula. Además, el INE autorizó que los ciudadanos escriban el nombre o apodo del candidato por el que desean votar y esta modalidad será válida.
En opinión de algunos especialistas estas modalidades de votar se prestarán a confusión y podrían generar desconcierto en las casillas al momento de realizar el conteo de votos.
Recientemente se informó que “La complejidad del proceso electoral retrasará la difusión de los resultados del PREP, por lo que el INE prevé tener 82 por ciento de las actas presidenciales computadas hasta el día después de la jornada.” (Milenio, 25 de junio de 2018)
Lo que motivó el reclamo de Andrés Manuel López Obrador que comentó que en el INE “a pesar de la tecnología actual, no han sabido resolver los problemas técnicos para tener resultados más ágiles de la elección.” (El Universal, 26 de junio de 2018)
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, con anticipación había informado que “El día de la elección, siete mil 787 casillas conformarán la muestra para el Conteo Rápido para la elección de Presidente de la República y a partir de las 23:00 horas se difundirá la tendencia de la elección.” (Excélsior, 4 de junio de 2018)
El 1 de julio podrán votar 89.1 millones de electores para elegir al presidente y otros 3,405 cargos públicos federales, estatales y municipales en 30 de los 32 estados del país. Se instalarán 157 mil casillas o mesas de votación, 13 mil más que las que funcionaron en las elecciones de 2012. La contabilidad de los votos estará a cargo de 1.4 millones de ciudadanos, 40 por ciento más de los que
participaron hace seis años. La jornada electoral de esta dimensión se realiza por decisión del Congreso de la Unión.
Hay quien anticipa que podría haber conflicto el día después de las elecciones, ante la eventualidad de que alguno de los “jugadores” no acepte el resultado. En ese caso, es posible que se responsabilice al árbitro electoral, se impugnen los datos presentados por el Presidente del INE, Lorenzo Córdova y se descalifique el procedimiento electoral en su conjunto ante lo que, quien se inconforme, tendrá que recurrir al TRIFE, con lo que tendremos, una vez más, el caso de la judicialización de los resultados electorales, más allá de la voluntad popular, expresada en las urnas.
Lo cierto es que el árbitro electoral, por donde se le vea, sale “raspado” a pesar de haber realizado un trabajo de enorme tamaño y dificultad y esto es así porque, a pesar de estar en un inacabado proceso de reforma política, los mexicanos no hemos encontrado la fórmula para “despartidizar” a las instituciones responsables de administrar la disputa por el poder.
La próxima reforma política debe ciudadanizar a las instituciones electorales, debe poner fin a las cuotas de los partidos. Solo así la democracia será de todos.
Fuente: Yahoo.com
