CIUDAD DE MÉXICO, febrero 17 (EL UNIVERSAL).- Fitch Ratings destacó que el proceso electoral de julio próximo podría agregar incertidumbre política en el largo plazo en el país.
En el texto Resiliencia económica y fiscal de México será puesta a prueba en 2018, la calificadora dijo que ante una eventual victoria de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones, cualquier intento de su gobierno por revertir las reformas se enfrentaría a un Congreso dividido y a contrapesos institucionales.
«Una administración con López Obrador al mando podría marcar una desviación en las políticas», expuso la agencia.
«López Obrador continúa liderando las encuestas de opinión para la Presidencia, aunque Ricardo Anaya, del Partido Acción Nacional, ha comenzado a subir», dijo.
Ante este escenario, Fitch dijo que aunque se espera que la tendencia del crecimiento permanezca estable en 2018, los riesgos que impiden una aceleración significativa en el aumento del PIB prevalecen.
«El alza en el crecimiento por la reducción de la inflación, así como la demanda externa robusta, principalmente proveniente de Estados Unidos, son contrarrestadas por la inversión debilitada a causa de las preocupaciones referentes al TLCAN y las elecciones», puntualizó.
Comentó que se espera que el gobierno alcance sus objetivos de déficit fiscal para 2018, lo que marcaría el fin del ciclo de consolidación fiscal bajo la administración actual.
«Sin embargo, un crecimiento más débil que el esperado, así como el periodo electoral, son factores que representarían riesgos».
Presión a finanzas. La calificadora HR Ratings destacó que ante un mayor incremento en gasto en estados y municipios como parte del proceso electoral, se podría tener un efecto en las finanzas públicas del país.
Según la agencia, los efectos pueden ser diversos, dependiendo de la flexibilidad financiera dependiendo de cada entidad o municipio.
Destacó que se podrían presentar mayores incrementos en rubros como servicios generales, transferencias y subsidios, ya que en dichos puntos se puede ubicar el gasto que hacen los gobiernos estatales y municipales en política social como pueden ser becas, uniformes, desayunos, subsidios directos a la población en situación vulnerable.
