Los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales están interrelacionados, son interdependientes e indivisibles. La violación de un conjunto de derechos representa a menudo la violación de los otros. Asimismo, es bien entendido que la protección de los derechos civiles y políticos es esencial para el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, y viceversa. Los preámbulos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establecen que “de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar tanto de sus derechos económicos, sociales y culturales, como de sus derechos civiles y políticos.” Es necesario considerar dicha indivisibilidad e interdependencia para profundizar el conocimiento de la relación entre las desapariciones forzadas (a menudo consideradas como simples violaciones de los derechos civiles y políticos) y los derechos económicos, sociales y culturales.
La falta de una protección eficaz de ciertos derechos económicos, sociales y culturales podría ser un factor contribuyente de las desapariciones forzadas. Los individuos que viven en condiciones de pobreza y que no disfrutan de ciertos derechos económicos, sociales y culturales son más vulnerables a convertirse en víctimas de desapariciones forzadas.
La capacidad limitada de las personas que viven en condiciones de pobreza para acceder a recursos y mecanismos legales y contenciosos no es solamente una violación de los derechos humanos por sí sola, sino que también constituye una consecuencia de muchas otras violaciones. La falta de remedios para combatir los efectos negativos de políticas sociales en las áreas de la salud, vivienda, educación, cultura y seguridad social resulta con frecuencia en la incapacidad para buscar reparaciones en casos de violaciones de derechos humanos clave. Cuando enfrentan el sistema de justicia penal, los individuos que viven en la pobreza carecen de recursos para desafiar las condiciones de su arresto, detención, juicio, condena, encarcelamiento y liberación.
Las personas que viven en la pobreza pueden decidir no interponer acciones judiciales por miedo a las represalias de actores más poderosos o por miedo a sufrir discriminación por parte de las autoridades. Estos factores contribuyen a un patrón de impunidad que rodea frecuentemente las desapariciones forzadas, lo que resulta en futuras repeticiones ya que los culpables no tienen miedo de tener que rendir cuentas por dichas acciones. En múltiples ocasiones, las personas que viven en extrema pobreza son marginados y habitan en zonas con poca o ninguna presencia de instituciones estatales, y en donde las fuerzas de seguridad tienden a operar con menos restricciones que en zonas más centrales, pobladas o urbanas.
La prevención de las desapariciones forzadas es un elemento fundamental para la protección de los derechos económicos, sociales y culturales y, a su vez, la protección de dichos derechos es al mismo tiempo, un elemento esencial para la prevención de las desapariciones forzadas. Medidas efectivas para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas requieren de un enfoque exhaustivo que abarque una promoción y protección apropiada de los derechos económicos, sociales y culturales.
