Por Fernando Urbano Castillo Pacheco
El político romano Marco Tulio Cicerón, afirmaba que todos los hombres pueden caer en un error; pero sólo los necios perseveran en él.
Pasados ya tres años del inicio de la administración del presidente Peña Nieto, han quedado muy lejos las promesas de campaña y hemos visto como se ha perseverado en la implementación de políticas erróneas que datan de hace ya varias décadas, sin que se aprecie una verdadera idea innovadora para hacer avanzar al país y sacarlo de esta mediocridad en la que se ha estancado.
La información que ha surgido en estos días muestra la dimensión de la difícil situación del país, que se agrava por los eventos internacionales que complican el futuro nacional, ya de por sí bastante incierto por la escasa idea de nuestro gobierno para enfrentar el reto.
La calificadora Moody’s ha reducido la calificación crediticia de PEMEX, de Baa1 a Baa3, la cual es sólo un escalón superior al grado especulativo, al tiempo en que ratificó la calificación del país en A3, pero con perspectiva negativa por primera vez en los últimos 20 años, debido a que la calificadora ve riesgos en las finanzas públicas y a que PEMEX presiona las finanzas nacionales.
El hecho no es menor pues incrementará el costo de contratar nueva deuda, pues al percibirse mayor riesgo, se debe ofrecer mayor rendimiento al que le preste a la empresa productiva (es un decir) del Estado.
Pero además, hacen evidente el fracaso de la reforma fiscal, que frenó el crecimiento del país, así como el de la energética, en la parte del régimen fiscal de PEMEX, que no eliminaron la dependencia del presupuesto respecto a los ingresos petroleros y que hoy, al habernos convertido en importadores netos de petrolíferos, se vuelve una situación insostenible y que debe, con urgencia, de cambiarse.
Riszard Kapuscinski mencionó alguna ocasión que: «El petróleo es un recurso que anestesia el pensamiento, nubla la visión, corrompe. El petróleo expresa a la perfección el eterno sueño humano de la riqueza que llega gracias a una casualidad afortunada, a un beso de la fortuna, en lugar de obtenerse a fuerza de sudor, sufrimiento y trabajo arduo. En ese sentido, el petróleo es un cuento de hadas, y como todo cuento de hadas es en cierto modo una mentira.»
Sin duda tiene razón el escritor polaco y hoy estamos viviendo el despertar de una fantasía. El abaratamiento del crudo ha develado una triste realidad, en la que vemos que cuando las ganancias petroleras fueron suficientes para mantener un presupuesto federal mal orientado, nadie se preocupó por hacer crecer a la industria mexicana, fortalecer un mercado interno y establecer un régimen fiscal que permitiera que las fianzas públicas dependieran, como debe de ser, de las contribuciones -proporcionales y equitativas- que todos tenemos la obligación de cubrir, al tiempo que los ingresos obtenidos por el recurso no renovable se destinaran al ahorro y la inversión productiva.
Las grandes ganancias petroleras de la primera década de este siglo fueron repartidos entre los gobernadores, priístas en su mayoría, y destinadas a enriquecerse y despilfarrar. La CONAGO se creó con el fin de exigir ese reparto.
Despertar del sueño del petróleo nos hace enfrentarnos a la realidad gestada durante décadas, en la que el presupuesto es muy alto, mal distribuido, poco transparente en su ejercicio -lo que favorece la corrupción- además de insostenible con el régimen fiscal actual, que obliga a pocos a pagar mucho y permite que muchos no paguen nada.
Las reformas energética y fiscal llegaron tarde, no porque nadie hubiese tenido la visión para proponerlas, pues tanto en el sexenio de Vicente Fox como en el de Felipe Calderón se intentaron, sino porque los que hoy presumen el haberlas concretado son los mismos demagogos que desde principios de siglo se dedicaron a bloquearlas; sumándole el ingrediente adicional de que lo que ahora hicieron es un remedo de las reformas que realmente se necesitan.
La reforma fiscal de Peña Nieto, que inicialmente se presentó como una reforma social y hacendaria, no fue más que un entuerto recaudatorio que ha sido nocivo para el sector privado, afectando indudablemente el crecimiento económico del país.
Sólo a febrero de este año, los ingresos tributarios ascendieron a 439,887.6 millones de pesos, lo que significa un incremento de 3.3% en términos reales, en comparación con igual periodo de 2015 y se proyecta que el gobierno recaude en todo el año 2 billones 407,716.7 millones de pesos por ingresos tributarios.
Mientras el gobierno presume estas metas, se olvida de reconocer que son fruto de un aumento de impuestos, del terrorismo fiscal que ha desatado y que sus logros han frenado la economía, pues promovió la informalidad y siguió cargando la mano sobre los contribuyentes cautivos.
Uno de los principales problemas es el desconocimiento de los funcionarios, que se demuestra cuando llamaron reforma hacendaria a lo que no fue más que una miscelánea fiscal y que hizo evidente que esta administración no sabe que el sistema impositivo no se limita a la recaudación.
Nicholas Shaxson, en su genial libro «Las islas del tesoro» deja claro que la recaudación es sólo la primera «R» de los impuestos. La segunda «R» es la redistribución, notable arma contra la desigualdad. Esto es lo que demandan las sociedades democráticas y, citando a una investigación publicada en el libro «The spirit level», el periodista nacido en Malawi asegura -con mucha razón- que nos son los niveles absolutos de riqueza y de pobreza, sino la desigualdad, lo que determina el dsempeño de una sociedad en cada uno de los indicadores de bienestar, desde la esperanza de vida hasta la obesidad, la delincuencia, la depresión o el embarazo adolecente. La tercera «R» -sigue diciendo Shaxson- es la de representación: para cobrar impuestos los gobernantes deben negociar con los ciudadanos, retribuyéndolos con rendición de cuentas y una representación genuina. La Cuarta «R», concluye, es la revisión de precios para lograr objetivos, como el desaliento al tabaquismo.
Como se ve, nuestro sistema ha fracasado porque sólo está destinado a recaudar dinero para mantener a una élite que lo maneja en su beneficio personal y político, que no hace una redistribución que fomente el crecimiento y por tanto no combate la desigualdad que se ha acentuado en el país. Además, el sistema político no nos representa, pues a los legisladores, representantes populares según la doctrina, se les ha cooptado e integrado a esa élite, lo que ha borrado en la práctica la rendición de cuentas.
Aunado a ello, ha habido una gran ineficacia en la revisión de precios, entendida como la facultad de orientar conductas mediante la imposición de gravámenes en beneficio del conjunto social.
Se gravó a los alimentos de alto contenido calórico y a los refrescos, afectando a la industria sin que se implementaran políticas que fomentaran el equilibrio calórico. El problema no es tanto ingerir muchas calorías, sino no realizar actividades que nos hagan quemar esas calorías. Por otro lado, el gobernante de la Ciudad de México no hace uso de esa estrategia, pues prefiere subsidiar todo en vez de incrementar los impuestos para desincentivar en la capital de la republica el establecimiento de industrias, la explosión demográfica y el uso de automóviles, que han incrementado los índices de contaminación. Impuestos que permitirían, bien utilizados, el mejoramiento del transporte público para hacerlo digno, suficiente y adecuado para ser usado por los capitalinos; medida que sin duda sería más eficaz que reinstaurar plenamente el programa «hoy no circula».
La ineficacia es el sello del gobierno. Hoy el país reporta una disminución del 21% en las reservas probadas de petróleo, que no significa que en un año se hayan consumido, sino que por aspectos económicos, reservas que ya se tenían certificadas se descertifican porque económicamente ya no es rentable extraerlas.
El bajo precio del petróleo lo condiciona, pero también una petrolera estatal ineficiente y obesa, que insiste en mantener una elevada nómina y un contrato colectivo abusivo, para favorecer a un sindicato que es aliado y cómplice tradicional del partido en el poder, aunque las empresas proveedoras de ésta estén al borde de la quiebra porque no se les pagan sus adeudos.
Hace unos días, Ernesto O’farril, presidente de la comisión de Análisis Económico del IMCP afirmó con mucha razón, «que no sirve de mucho mantener finanzas públicas sanas a nivel gobierno federal, si ello se recarga en la salud de las empresas y entidades del Estado o en los proveedores de las mismas».
México va en la dirección equivocada. Las políticas económicas han sido erróneas y a pesar de ello, nuestro gobierno ha decidido, con absurda necedad, el perseverar en el error.
