Albert Einstein decía que «se requieren nuevas formas de pensar para resolver los problemas creados por las viejas formas de pensar».
Enrique Peña Nieto alcanzó la presidencia de la Republica en 2012 enarbolando las banderas del cambio, pregonando la idea de un nuevo PRI y la urgencia de un gobierno que tuviera una manera diferente de ejercer el poder. Hoy, a tres años del inicio de este sexenio, en realidad hace falta una actitud innovadora para resolver los problemas que la implementación de viejas ideas ha generado, sin que esas nuevas ideas se hayan visto.
Hace unos días Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público y Agustín Carstens, Gobernador del Banco de México, anunciaron las medidas que se tomaron para reaccionar a la turbulencia financiera mundial y que comienzan a causar estragos en la economía nacional.
El recorte en el gasto del gobierno, por 132 mil millones de pesos, es una medida prudente ante la previsible debilidad en los ingresos como consecuencia tanto de la caída en los ingresos petroleros, como de la menor actividad económica en el país.
Sin embargo, es necesario el ver las consecuencias que esto tendrá para México, así como los demás factores económicos y sociales que están convirtiendo a este gobierno en un fracaso mientas el país se está cayendo.
Las medidas que se han anunciado eran las esperadas desde hace unos días, pero sin duda serán un freno al crecimiento económico de México, aunque parece que conocidos ya los límites de capacidad de esta administración, no podíamos esperar mucho más.
Eliminar 132 mil millones de pesos del gasto federal no será una medida adecuada, si este recorte no se concentra en esas áreas en las que el dinero se gasta con total opacidad y con fines más políticos que sociales.
Si al gobierno federal le corresponde hacer ajustes por 32 mil millones, bien se pueden ahorrar una tercera parte eliminando el fondo para infraestructura que ilegalmente se permite asignar a los legisladores –el famoso fondo de moches– que es fuente de corrupción, que tiene recursos por 10 mil millones de pesos y que duplica sus objetivos con otros programas federales y partidas presupuestarias.
Si Pemex tiene que reducir su gasto en 100 mil millones de pesos, podría comenzar por una revisión exhaustiva a su contrato colectivo de trabajo y a sus tratos con los líderes sindicales para establecer una relación laboral honesta, renegociando todos aquellos beneficios exagerados que representan transferencias millonarias y que han hecho del trabajador petrolero el mejor pagado, aunque también lo han hecho un trabajador ineficiente e improductivo, y a sus líderes unos millonarios advenedizos y holgazanes.
No basta recortar el gasto sino que es importante que ahora se establezcan medidas que permitan que el dinero se gaste bien. Es hora de enfrentar los dos más grandes flagelos de este país: la corrupción y la ineficiencia burocrática. Sin embargo, los antecedentes de acción de este gobierno no nos permiten esperar que las cosas vayan a ser diferentes.
La Auditoría Superior de la Federación detectó delicadas irregularidades en la revisión de la Cuenta Pública del 2014, que si bien han sido anunciadas discretamente evitando el escándalo que se desataba el sexenio pasado, sí dejan evidencia de la corrupción y el desorden administrativo de este gobierno.
Los resultados dejan claro que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes paga obras no ejecutadas, despilfarra en salarios y designa personal para supervisión de obras que no está capacitado para ello.
Por otro lado, la Sedesol, en tiempos de Rosario Robles, dio apoyos monetarios a estancias infantiles fantasma, mientras que en el caso del programa insignia de este gobierno, La Cruzada Contra el Hambre, se detectó que no tiene un padrón único de beneficiarios ni indicadores para medir su desempeño y su Consejo Nacional no sesionó en dos de las cuatro reuniones comprometidas.
El problema es que el gobierno está haciendo las cosas mal. Lo sabe y no tiene interés en remediarlo, por lo que un ajuste o recorte al presupuesto salva las finanzas, pero no salva al país.
Datos del INEGI nos muestran que al finalizar el 2015 la tasa de desempleo fue de 4.2 por ciento, la más baja desde 2008; sin embargo, analizados a detalle, nos muestran también que la tasa de informalidad laboral repuntó a 58.2 por ciento de la población económicamente activa, por lo que 30 millones de mexicanos, de los 53.8 que conforman la fuerza laboral de este país, viven en la informalidad.
Además, la tasa de precariedad laboral en la que se contabilizan a los trabajadores que laboran menos de 35 horas a la semana por motivos ajenos a ellos, los que trabajan más de 35 horas pero ganan menos de un salario mínimo y los que trabajan más de 48 horas pero no ganan más de dos salarios mínimos, alcanzó el 12.8 por ciento de la población ocupada.
Los empleos creados se han concentrado en los que pagan de uno a dos salarios mínimos, mientras que los que pagan más de dos han disminuido, muestra de que la vida laboral del mexicano está condenada a la mediocridad.
El aumento en la tasa objetivo del Banco de México era una medida esperada por necesaria para contener la depreciación de nuestra moneda que ya comenzó a reflejar efectos en la medición de la inflación; sin embargo, este aumento en la tasa de referencia presionará a las demás tasas aumentando el costo financiero de los créditos del gobierno y de las empresas que los contrataron con tasas variables. Este incremento afectará directamente al 60 por ciento de la deuda interna del gobierno que está contratada en CETES ya que, según lo calculado por el economista Carlos Loaeza, por cada punto que suben las tasas, se incrementa 5,500 millones de pesos el servicio de la deuda.
La primera crisis mundial de la que se tiene registro en el mundo occidental se dio en 1622, cuando el imperio romano de occidente devaluó su moneda. A partir de ahí, los gobiernos han desarrollado estrategias para sortearlas resintiendo los menos efectos posibles sin enfrentar nuevos retos con ideas antiguas.
Hoy, hace falta innovar para sortear el vendaval internacional; reformar nuestro régimen fiscal para reorientar los impuestos y hacerlos equitativos; gravar el consumo disminuyendo los subsidios que benefician más al que más tiene; aligerar la carga fiscal de Pemex para hacerla competitiva mientras se incrementan los ingresos tributarios haciendo una base de contribuyentes más amplia.
El presidente reformador nos debe una reforma integral de las estructuras políticas y económicas de México, que le den a esta nación la grandeza que merece y no solo se dedique a culpar al exterior de la realidad que vivimos. Urge enderezar el camino, pues aunque el temporal existe, es cierto que, como decían los clásicos, no hay viento a favor, para un barco sin rumbo.
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