Saltillo, Coah.- Luego de revelarse declaraciones de testigos protegidos que fueron utilizados por la PGR durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa para incriminar indebidamente a funcionarios del Gobierno de Coahuila, trascendió que el fin de esta acción sería tender una trampa política en contra del ex gobernador Humberto Moreira.
De acuerdo con un reportaje de “Proceso” publicado este fin de semana, los testigos protegidos habrían firmado declaraciones ministeriales mediante la tortura física y psicológica falseando testimonios para vincular a servidores públicos de la entidad con actividades ligadas al crimen.
En sus declaraciones ministeriales estos testigos aseguraron que el principal objetivo era inculpar al ex gobernador de Coahuila, en aquel entonces presidente nacional del PRI, como una especie de venganza política del presidente Felipe Calderón luego de que Moreira no accedió a negociar para la hermana del primer mandatario, Luisa María Calderón, la Gubernatura del estado de Michoacán.
La venganza política sería concretada posteriormente mediante la fabricación de delitos a través de la PGR en contra de funcionarios estatales, todos del área de seguridad, buscando un golpe mediático contra el ex gobernador en lo que se le llamaría el “coahuilazo”.
Fue así como se concretaron las detenciones, en el caso de Humberto Torres Charles, hermano del ex fiscal Jesús Torres, se ofreció una recompensa.
Hoy los familiares de los inculpados por este “coahuilazo” exigen justicia por ese linchamiento del que fueron objeto y solicitan a las autoridades federales revisar minuciosamente los casos para que se les restituya el daño.
Se destapa ‘Coahuilazo’ de Calderón y Morales
Las declaraciones de testigos protegidos mediante las cuales la PGR -que entonces dirigía Marisela Morales-, basó una averiguación previa para inculpar a funcionarios de Coahuila, se vinieron abajo luego de que narcotraficantes revelaron que fueron obligados mediante tortura física y psicológica a falsear testimonios para vincular a los servidores públicos con actividades de la delincuencia organizada.
De acuerdo con las declaraciones de los testigos protegidos, uno de los principales objetivos era inculpar a Humberto Moreira Valdés quien en el 2011 se desempeñaba como Presidente del PRI Nacional, y quien obtuvo varios triunfos estatales, entre ellos el de Michoacán en donde venció en las urnas a Luisa María Calderón, hermana del entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa.
Algunos allegados al priismo nacional aseguran que el ex presidente pidió al líder del tricolor dejar esa entidad a su hermana “Cocoa”, pero éste se negó anunciando en noviembre de 2011 el triunfo para su partido.
La venganza de Calderón
Aparentemente este fue uno de los detonantes que impulso una venganza política-electoral del ex presidente Felipe Calderón, la cual sería concretada mediante la fabricación de delitos a través de la PGR que encabezaba Marisela Morales, en contra de quienes consideraban, eran los funcionarios más cercanos de Moreira Valdés en el área de seguridad durante su gestión como Gobernador de Coahuila; golpe que tendría mayor impacto con aquellos que figuraban la mayor parte del tiempo en los medios de comunicación locales.
El 23 de febrero elementos de la SIEDO procedieron a la captura de varios mandos de la Fiscalía General del Estado, Juan Fermín Medina Torres encargado de una mesa del grupo de robos en Saltillo, fue aprehendido durante un pase de lista, mientras que Cuahutémoc Rosales Galindo responsable de un depósito de vehículos de la Fiscalía fue interceptado en su vivienda.
Así mismo, acudieron en busca de Everardo Rosales Saucedo, coordinador del Cuarto Grupo de Homicidios de Saltillo, quien al ser prevenido por varias llamadas telefónicas, entre ellos reporteros, evadió esta acción para promover recursos legales; ya que desde las primeras horas de ese día la información se filtró a los medios locales por parte de las propias autoridades de la entonces SIEDO.
‘Tomaba agua del inodoro’
Gerardo Hernández Sánchez identificado como el testigo colaborador “Sagitario”, el pasado 12 de Agosto del presente año durante un careo con Enrique Sánchez Zapata, manifestó haber sido torturado y amenazado en su integridad y la de su familia para declarar en contra de funcionarios de Coahuila y firmar documentos ya elaborados previamente.
“Casi siete meses duré en el sótano de la SIEDO, estuve enfermo, y me dejaban sin comer desde los jueves hasta los lunes, y como ellos trabajaban de lunes a viernes, yo permanecía sin comer sólo tomaba agua del inodoro”, expresa en la diligencia.
Identifica a Guillermina titular de la Coordinación y al fiscal Nestor Fiallo Samayoa, como parte de los funcionarios que le obligaban a firmar declaraciones falsas y elaboradas con anterioridad, pero asegura existen otros más que está dispuesto a evidenciar, aunque por temor a su integridad y las consecuencias de estos señalamientos, solicita la atención y protección de las autoridades antes de revelarlos.
Las inconsistencias
El 11 de marzo, durante una presentación pública, Cuitláhuac Salinas Riojas, entonces titular de la SIEDO, convoco a una conferencia de prensa con medios nacionales, donde mostró una fotografía de Humberto Torres Charles, señalando que los testigos protegidos identificaban plenamente al coahuilense como protector de criminales; sin embargo, en ese momento nadie se dio cuenta de que dicha fotografía no correspondía al inculpado, pues se trataba de la imagen de un servidor público de otra entidad.
Sergio Tobías Salas, permaneció por casi año y medio detenido en el penal de Almoloya por imputaciones de dichos testigos protegidos, perdiendo su patrimonio y su libertad por declaraciones falsas, pues año y medio después los acusadores se retractaron de las mismas.
Juan Fermín Medina Torres fue señalado como responsable del área de Homicidios y acusado de desviar averiguaciones, imputaciones que no pudieron comprobarse ya que en ese momento era el encargado de una mesa del grupo de robos en Saltillo; mientras que Cuauhtémoc Rosales Galindo, fue acusado de desviar casos como subdirector de robos en domicilios y patrimoniales, área que nunca ha existido en Coahuila, aunado a que tiene 12 años sin realizar una función operativa y estaba encargado de un depósito de vehículos de la Fiscalía.
Por su parte, Everardo Rosales Saucedo fue señalado como director de la Policía del Estado, encargado de robo de vehículos, y de todos los ministerios públicos en la entidad, así como Director de Homicidios y Médico forense en todo el Estado, pero todas las funciones se mencionaron en la misma declaración del testigo protegido, cuando su cargo era sólo el de Coordinador del Cuarto Grupo de Homicidios en Saltillo, el cual nunca mencionó.
Calderón ordenó fabricar delitos
Lo anterior, fortalece las declaraciones realizadas en fechas pasadas a la revista Proceso por Juan Carlos de la Barrera Vite, quien fue titular de la Fiscalía de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud cuando Marisela Morales estuvo al frente de la SIEDO, y el cual lleva un año preso en un penal de Matamoros Tamaulipas por delitos inventados por testigos protegidos.
Barrera Vite reveló que la ex Procuradora General de la República en el sexenio de Felipe Calderón, Marisela Morales Ibáñez, dio instrucciones de reclutar testigos protegidos para que implicaran con el narco a varios políticos de peso, entre ellos a Andrés Manuel López Obrador y al propio Enrique Peña Nieto, así como al gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, al ex gobernador de esa misma entidad Humberto Moreira.
‘Familiares de inculpados exigimos se haga justicia’
A nombre de las familias afectadas por el tema que hemos denominado como el “coahuilazo” cuyas pruebas y texto adjuntamos para su análisis, envío un comunicado sobre la postura de los afectados y sus familias.
Toda la información del documento adjunto está fundamentada y documentada, y contribuye con más detalles a lo publicado en “Proceso”, por si es de utilidad para su publicación.
“Como algunos saben yo soy parte de una de estas familias (…) nos interesa se publique en los medios que informaron sobre esta situación”.
A nombre propio y de las familias
Agradezco de antemano a quienes desde el inicio fueron objetivos y nos brindaron nuestro derecho de réplica para defender la inocencia que hoy queda demostrada.
Familiares de inculpados por “Coahuilazo” exigimos justicia
Tras las pruebas publicadas por medios nacionales que muestran la evidente venganza política del ex presidente Felipe Calderón en Coahuila, en donde ex servidores públicos del Estado se vieron afectados y hoy se acredita su inocencia, las familias exigimos justicia y pedimos a las autoridades federales revisar minuciosamente los casos para agilizar los procesos de quienes siguen en su defensa, además de que se restituya el daño ocasionado por esta infamia.
Por un tema electoral y personal del ex presidente de la República, familias coahuilenses fuimos hostigadas, perseguidas, linchadas en medios de comunicación, y señaladas por la sociedad. No termina con un “usted disculpe” el grave daño que se generó en estos hogares coahuilenses ni el riesgo en que se colocó a familias enteras por la información falsa filtrada por las propias autoridades federales a algunos medios de comunicación.
Durante dos años permanecimos en silencio esperando obtener las pruebas suficientes para demostrar la inocencia de nuestros seres queridos. Durante dos años nuestros hijos, hermanos, padres estuvieron en cárceles de máxima seguridad por un delito que no cometieron.
Hace dos años nuestros familiares fueron arbitrariamente detenidos y tratados como delincuentes, cuya actuación quedó asentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos que acreditó las irregularidades con las que actuaron elementos de la entonces SIEDO. Perdieron su patrimonio, algunos su salud, pero lo más grave, es que los inculpados junto con las familias, perdimos la libertad y la tranquilidad.
Pedimos al señor presidente Enrique Peña Nieto, al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, así como al procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, actuar en apego a la justicia y agilizar los procedimientos jurídicos que siguen abiertos a fin de evitar que inocentes paguen injustamente.
Pedimos al Gobierno de Coahuila, se restituyan los sueldos o en su caso se reinstale a los funcionarios que fueron detenidos y a quienes hoy se les acredita su inocencia.
Pedimos a los medios de comunicación se le otorgue el mismo espacio a la exoneración y elementos de prueba que muestran su inocencia, que aquél que se dio en primeras planas en febrero del 2012 en donde se publicaron señalamientos fabricados por la PGR que entonces dirigía Marisela Morales y que resultan falsos.
Fuente: Unimedios.
