¿La salud en venta?
Por: Cesar Durón
Durante las tres últimas décadas, los sistemas de seguridad social a nivel internacional, han tenido graves problemas, sobre todo de índole financiera. Por ejemplo, en el continente americano los seguros sociales estaban organizados predominantemente en sistemas de reparto, donde las prestaciones y las pensiones de los trabajadores se pagaban con los fondos de los cotizantes en activo. Al inicio de su operación, estos sistemas no tenían ningún problema para hacer frente a las contingencias, pero el problema brotó cuando la estructura de la población aumentó o cuando los salarios se estancaron o decrecieron, tal como sucedió en las tres décadas anteriores. Estas presiones externas a los mismos, llevaron a un número creciente de países a modificar sus sistemas de reparto por sistemas de cuentas individuales, como vías para superar los problemas de índole financiera.
Debe advertirse que la crisis de los años ochenta no ha sido la única causa que explica las actuales dificultades de la Seguridad Social, ya que también intervinieron otros factores: la jubilación con pocos años de contribución, la evasión y la moratoria de los patrones, el no pago del Estado de su parte como empleador, la inversión o uso de los fondos para otras tareas ligadas a la Seguridad Social (ampliación de infraestructura), la disminución de la relación entre contribuyentes pasivos y activos, el alargamiento de la esperanza de vida y, por lo tanto, del periodo como jubilados y el crecimiento de los costos administrativos, etcétera. Así, en el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988) el gasto en salud y Seguridad Social se redujo drásticamente en cerca de cuarenta por ciento, mientras que la baja en la legitimación del régimen desembocó en una vigorosa campaña de aumento de la cobertura poblacional del sector de salud, y para tratar de lograrlo se estableció el Sistema Nacional de Salud, que sería el gran racionalizador de los recursos destinados al sector salud con el objetivo implícito de incrementar la cobertura y mejorar los servicios.
Después de la de 1973, la segunda gran reforma de la Ley del Seguro Social es la de 1995, iniciando así una tercera etapa en la vida de la Institución. Al igual que la de 1973, esta reforma es precedida de un análisis profundo; esta vez, el Director General del IMSS, Genaro Borrego Estrada, a petición del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, presentó un diagnóstico de la Institución, conocido como “Fortalezas y Debilidades del IMSS”. En este diagnóstico se establecieron cinco puntos básicos que deberían tomarse en cuenta para la elaboración de la propuesta final que resultara del análisis: el sistema de Seguridad Social no se privatizaría; no podría haber más aumento a las aportaciones de los trabajadores y las empresas; se deberían conciliar las finanzas del Instituto con la viabilidad de los distintos ramos de aseguramiento; el Instituto debería jugar su papel como promotor del empleo y la productividad y; la nueva era del IMSS debería contar con el consenso de los trabajadores.
No es directamente el Régimen de Jubilaciones y Pensiones y sus beneficiarios (los trabajadores del Seguro Social), los responsables directos y mucho menos los culpables de la difícil situación financiera que padece actualmente el IMSS, y ante ello, la argumentación catastrofista de los directivos institucionales y del Gobierno actual sólo se puede entender como una estrategia mediática con el eco del sector empresarial, para acabar de darle el giro mercantil al sistema de Seguridad Social vigente en nuestro país. ¿La salud en venta?
CÉSAR FELIPE DE LA ROSA
@cesaritodurondr
