El diván
Mover a México
José Luis Cuevas Quintero
Una vez más se sacó a la luz una iniciativa de ley que en el argot popular se le ha llamado, y de acuerdo a su patronímico, la ley Fayad. El senador Omar Fayad expresó su intención de penalizar lo que él considera en su haber delitos cibernéticos, sin embargo la solidez de esta iniciativa carece de credibilidad debido a que la pésima redacción de la que goza da a especular muchas situaciones a su alrededor. Lo cierto es que parece uno más de los fallidos intentos que buscan limitar, o por lo menos, restringir el uso de la información proveniente de la red.
Hay dos puntos en que en opinión personal merece esta situación más allá del contenido o la polémica que ha envuelto dicha propuesta:
Es por demás interesante, y aún más preocupante, los constantes esfuerzos por parte de algunas fracciones de la clase política por penalizar y criminalizar el uso de las redes sociales debido al uso que socialmente se da, no sólo en México sino a nivel mundial, para denunciar aquellas situaciones de corrupción y/o abuso de autoridad de las que la población es objeto. Antecedentes de esto son la famosa ley propuesta por la Selma Gómez, oriunda de Sonora, que fue bautizada en la jerga pública como “anti-memes.” Además de los reiterados esfuerzos de Beltrones y su comitiva por censurar la red haciendo su propia versión de la ley SOPA (Stop Online Piracy Act).
Invocando al abuso del mal pensamiento intuitivo con fines constructivos y teniendo un poco de colmillo ¿no será está una estrategia política para cerrarle el paso al citado Omar Fayad rumbo a la gubernatura del Estado de Hidalgo?
Más allá de ello cualquier esfuerzo por censurar la opinión o los deseos de algún sector de la sociedad es más que reprochable sobre todo en un sistema democrático y republicano. El monopolio de la violencia, como diría Max Weber, tiende a sobrepasar sus propias limitaciones. Ya chole, no censuren.
Otro de los temas de mucha polémica y que pareciera un verdadero punto de inflexión en la historia de México es la decisión mayoritaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de autorizar el cultivo, uso recreativo y medicinal de marihuana a cuatro ciudadanos miembros de la sociedad mexicana de autoconsumo responsable y tolerante (SMART). Evidentemente esto ha desatado todo tipo de reacciones antagónicas, sin embargo y más allá de los aspectos morales que se atribuyen a las tesituras que permean las situaciones de esta índole, está un punto esencial que envuelve a la parte gubernamental: la oportunidad de volver a asumir un rol de aparato regulador de la vida política del país, es decir, tomar la incertidumbre que genera la regulación a cargo del propio mercado y darle un rumbo que de verdad genere que se mueva México.
Las lagunas que genera la situación deben ser aprovechadas por parte de la autoridad como las áreas de oportunidad que son para que valga la pena el periplo administrativo y jurisdiccional en que tarde o temprano tendrá que aventurarse, me explico: la notable y paulatina baja en los ingresos públicos puede verse alimentada por la capacidad de generar impuestos a través de otorgar legalidad al cannabis. La tributación podría actuar en dos sentidos: generar ingresos para el Estado y jugar el papel de limitar el acceso en alguna medida por el incremento en el precio de la unidad.
El debate es impostergable y aplazar lo inevitable sólo es prolongar la incertidumbre. Esta podría ser una oportunidad, para la presente, de verdaderamente mover a México.
