La nueva ley electoral obliga a adelantar un mes las elecciones federales intermedias. Pasan del primer domingo de julio al primer domingo de junio. Por esto y por otras razones, el proceso electoral 2014-2015 inaugura una nueva época. Estamos estrenando un nuevo órgano electoral –el Instituto Nacional Electoral (INE)–, tenemos nuevas reglas, nuevos tiempos y nuevos jugadores –tres partidos políticos de reciente creación–, todo producto de la más reciente reforma política. El viejo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) fue sustituido por cuatro nuevas leyes generales: la de Instituciones y Procedimientos Electorales, la de Partidos Políticos, la de Delitos Electorales, así como la del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral.
Desde su fundación el Instituto Federal Electoral (IFE) y por tanto, el árbitro electoral, dejó de pertenecer al poder ejecutivo y se constituyó como un órgano ciudadanizado. Los votos cuentan y el resultado de las elecciones ya no está cantado con anticipación. El 7 de junio, en un solo día, estarán en disputa el mayor número de cargos de elección popular en la historia del país.
El costal de cargos públicos para este año es muy grande. Por la homologación de tiempos electorales, además de las 500 diputaciones federales, habrá mil 659 cargos locales de elección popular en disputa. Nueve gubernaturas, 382 diputaciones locales de mayoría relativa y 259 de representación proporcional (en 16 entidades) y mil nueve ayuntamientos y delegaciones (en 17 entidades).
Esto es, a las elecciones intermedias federales, se suman: a) elecciones generales —ejecutivo, legislativo y ayuntamientos— en nueve entidades: Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora; b) elecciones intermedias —Legislativo y ayuntamientos o delegaciones— en siete más: Chiapas, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Morelos y Tabasco, y c) elecciones legislativas en Yucatán.
Pero no todo está resuelto para la gran elección. Sigue en el aire, la nueva Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, pues carece de titular desde julio pasado. Las consultas populares y las candidaturas independientes, figuras que fueron introducidas, junto a la iniciativa ciudadana, no se ve por dónde se puedan concretar. Para la consulta popular se requiere el respaldo de más de un millón 600 mil ciudadanos en posibilidad de ejercer su derecho al voto. A pesar de que los partidos políticos mayoritarios consiguieron el apoyo popular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinó que todas y cada una de las convocatorias a las consultas populares eran inconstitucionales: las del PRD y Morena sobre la reforma petrolera; la del PAN sobre el aumento a los salarios mínimos y la del PRI sobre la reducción de los legisladores plurinominales.
Sobre las candidaturas independientes los candados que pusieron los legisladores tampoco son fáciles de cumplir por los ciudadanos que opten por este camino. El trato para los candidatos independientes y para los institutos político-partidarios es muy desigual. En primer lugar, los aspirantes a ser candidatos independientes para alcanzar la candidatura a la diputación federal debieron registrarse antes del 26 de diciembre, esto es, casi tres meses antes de que deban hacerlo los partidos. De los 122 ciudadanos que presentaron ante el órgano electoral su solicitud de registro, después de revisar exhaustivamente su papelería, solo quedaron 52 aspirantes. Ellos están obligados a conseguir, del 30 de diciembre al 27 de febrero, el respaldo del 2 por ciento de la lista nominal de su distrito, con un tope de gastos establecido en ciento doce mil treinta y siete pesos. ¿Cuántos lo lograran? Tal vez aquellos que tengan su Asociación Civil bien consolidada. El tiempo lo dirá.
A pesar de que tenemos una nueva reforma electoral, los riesgos que enfrentará la jornada electoral de junio no son despreciables, entre otros están presentes en el entramado político-electoral los siguientes: a)la desafección ciudadana hacia políticos, profesionales y partidos, en general, hacia el llamado a las urnas, va en aumento; b) la espiral de violencia criminal en amplias porciones del territorio y la eventual injerencia del crimen organizado en la postulación de candidatos es de una gran preocupación.
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