Guerrero, los desplazados; entre El Pony y la Tuta.
Alexia Barrios G.
Dos notas…
José María Chávez Magaña, alias “El Pony”, es el líder de La Familia Michoacana que mantiene azotada a toda la zona oriente, sur y norte de la entidad y el DF, que le ha merecido al Estado de México los primeros lugares en violencia callejera, secuestros, extorsiones y ejecuciones en lo que va del 2012 al 2014. Su perfil, para quienes ignoran quién es, es mucho más relevante que de Servando Gómez “La Tuta”, pues su red de protección policial podría llegar al más alto nivel.
La Jornada destaca en su primera plana de este día: “Al igual que en Centroamérica, en México la violencia que generan grupos criminales ha provocado que menores de edad y familias enteras huyan de sus comunidades y traten de ingresar a Estados Unidos. En esta ciudad fronteriza los albergues para migrantes han sido impactados por el flujo de quienes huyeron de entidades como Guerrero y Michoacán, ante la amenaza de ser secuestrados o desaparecidos por integrantes de grupos criminales”. Esa es la triste realidad que se vive en la Tierra Caliente de Guerrero, Michoacán y Estado de México, que a pesar de tantos anuncios oficiales, sigue sin tener una estrategia integral que permita desactivar las acciones delincuenciales en toda esta región del país y que, municipios como San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso y Teloloapan, han tenido que expulsar a su población y acelerado el fenómeno migratorio.
Ahora regresemos al caso Guerrero… y a tratar de entender qué más hay detrás de los desplazados de esta región, no sólo rica en producción citrícola sino en campos mineros.
Minería y crimen
Guerrero es líder en bajo rendimiento educativo y pobreza extrema, Guerrero, es cuarto lugar en extracción de oro y octavo en plata, pero lidera la violencia con 667 asesinatos durante 2014 y enfrenta una tolerada campaña de terrorismo para despojar a poblaciones asentadas en zonas de alto valor ambiental.
Para prevenir conflictos sociales a empresas beneficiadas por el gobierno, humildes guerrerenses que habitan áreas ricas en recursos naturales como agua, bosques y minerales, sufren la agresión de grupos armados, represalias legales o recurren al “convencimiento” de políticos como el senador perredista, Armando Ríos Piter, “El Jaguar”.
El secretario de Desarrollo Económico de Guerrero, Enrique Castro Soto, junto con el secretario del Medio Ambiente del estado, Tulio Estrada Apátiga, promueven y consiguen autorizaciones a modo para la explotación minera en Guerrero, a pesar de los daños ambientales por contaminación de cuencas de ríos, mantos acuíferos erosión del suelo, desaparición de ecosistemas, de su flora y fauna silvestre y hasta la afectación de las costumbres y culturas de las poblaciones afectadas.
Estrada Apátiga, quien realiza eventos ambientales, dignos de cualquier preescolar, ha confesado que desvía dineros y tiempo, buscando la “sustentabilidad” de las actividades de las empresas mineras asentadas en Guerrero como la estadounidense-canadiense Gold Corp, Torex Gold de Canadá y la inglesa Hochschild Minin. La industria minera en México, apenas paga el 7.5 por ciento de impuestos y cualquier contribuyente aporta el 16 por ciento.
Impulsor de la Ley Minera en el Senado de la República y calificado como “traidor” por Andrés Manuel López Obrador, por apoyar la reforma energética de Enrique Peña Nieto, Armando Ríos Piter promueve entre las poblaciones indígenas de la Montaña, la aceptación de la explotación minera en esas tierras para beneficiar a empresas como Hochschild Minin de capital inglés que ha obtenido la concesión para explotar 59 mil hectáreas en la Montaña de Guerrero por 50 años y un potencial de reservas calculadas en 80 mil 500 toneladas de minerales metálicos.
El Jaguar amaestrado
En una reunión sostenida en junio pasado con indígenas Na savi y autoridades locales de San Luis Acatlán, Ríos Piter fue encarado por una serie de falsedades que ha proferido a favor de la entrada de la industria minera en Guerrero y que ha aprovechado giras en Estados Unidos junto con el gobernador Aguirre Rivero para promover desde allá, la dañina explotación minera en Guerrero.
En su campaña anticipada para gobernador de Guerrero, el Senador Jaguar, ha ejercido unos 200 millones de pesos de financiamiento provenientes de empresas mineras y de cómplices del dueño de la empresa privatizadora, “Corporativo El Jaguar”, del ex alcalde de Cancún, Gregorio “Greg” Sánchez, quien es investigado por la DEA y la CIA , por sus posibles nexos con mafias internacionales, incluyendo ex “comunistas” (¿mafias rusa, albanesa, china y cubana?) que pretende controlar el Pacífico mexicano desde Guerrero y que, sin duda, el gobierno mexicano lo sabe bien.
Guerrero como Colombia
Como en los casos criminales de Colombia, en Guerrero, comandos fuertemente armados vinculados al narco, al servicio de empresas mineras y gobernantes en turno, aseguran territorios para la explotación minera, el agua y los bosques.
Por omisión o por comisión, el alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, según reportes de Inteligencia, permite el dejar hacer del cártel “Beltrán Leyva” y “los Rojos”, para mantener férreo control en la capital guerrerense y en el municipio de Eduardo Neri, donde se ubica la minera Los Filos de Gold Corp, empresa cuyas ganancias en 2009 fue de 73 millones de dólares, en 2010 ganó 198 y en el 2011, 302 millones de dólares.
Mientras que casi la mitad de trabajadores y pobladores de El Carrizalillo, donde la mina de Gold Corp se ubica, entre trabajadores y población en general, es común la conjuntivitis, enfermedades de vías respiratorias como bronquitis, asma y pulmonía; daños al sistema auditivo; en la piel y caída del cabello por el agua contaminada por la mimería, daños gastrointestinales; neuronales, óseos y musculares, 25 casos de partos prematuros y cuatro muertes.
En la Tierra Caliente y zona Norte, de alta actividad minera, el terrorismo, lo escenifican cárteles del narco como la “Familia Michoacana”, “Guerreros Unidos”, “Cartel de Jalisco Nueva Generación” y ahora paramilitares autodenominados “Los Negros”, una nueva célula que contaría con ex integrantes del extinto Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y, mucho ojo, según testigos directos algunos ex integrantes de un sindicato electricista (¿SME o SUTERM?).
Un ejemplo del desplazamiento programado, se registró en junio pasado del municipio calentano de San Miguel Totolapan, cuando 250 personas, entre niños, mujeres, ancianos y hombres, fueron expulsados de sus tierras de vocación minera y forestal.
El desplazamiento, según cuentan los sobrevivientes, se registró a bordo de vehículos militares y de la policía del gobierno de Guerrero, para ser confinados en un campo deportivo de Chilpancingo, junto con aún damnificados de la tormenta “Manuel” de septiembre.
En la Costa Grande, controlada por la Familia Michoacana, la minería a cielo abierto es tolerada por la omisa autoridad ambiental como Semaren, Propeg, Semarnat y Profepa.
En los cerros de El Calvario, Municipio de Petatlán, previamente, grupos armados baleaban patrullas y vehículos en movimiento, sobre la carretera Costera número 200, luego de haber sembrado el terror, ahora, sin contratiempos, ahí mismo, se abrió una mina a cielo abierto y los minerales saqueados son transportados a Michoacán.
La Parota y “los gatilleros”
El proyecto hidroeléctrico La Parota, impulsado por la Comisión Federal de Electricidad, pretende desplazar y desposeer a 25 mil familias de campesinos y afectar a 50 mil más de los municipios de Acapulco, Juan R. Escudero, San Marcos, Tecoanapa y Chilpancingo, además de dañar de manera irreversible el medio ambiente con consecuencias negativas en la calidad de vida de los guerrerenses.
Empresarios multinacionales y constructoras serán beneficiadas con la construcción de la hidroeléctrica La Parota con contratos iniciales por 10 mil millones de pesos; la privatización de los recursos naturales como el agua del río Papagayo.
De acuerdo con Tlachinollan, organización humanitaria de Guerrero, el proceso para despojar a sus ocupantes de las más de 17 mil hectáreas donde se construirá el embalse de La Parota, también ha tenido un proceso de hostilidad con grupos de gatilleros a cargo de los saqueadores Humberto Marín, Arturo Valle y el ex alcalde de Atoyac, Javier Cadena Galeana quienes poseen gavilleras que explotan material pétreo del río Papagayo con ganancias de hasta medio millón de pesos cada dos días.
“Con total impunidad han devastado los bienes naturales y sobre explotado los recursos pétreos del río Papagayo. Estos empresarios están acostumbrados a darles un trato indigno a los campesinos pobres; los explotan y son objeto de muchas vejaciones. Recurrentemente son víctimas de golpes, amenazas, atracos y humillaciones, por parte de sus pistoleros, a cambio de un mísero salario”, denuncia Tlachinoillan.
El defensor del Río Papagayo y opositor a la Hidroeléctrica La Parota, Marco Antonio Suástegui Muñoz, ya registraba la persecución de grupos armados antes de su detención el 17 de junio. Los cargos que se le imputan no han quedado claros y ante la presión social, las autoridades, luego de torturarlo por más de 15 días, ya planean liberarlo.
Así las cosas en Guerrero, del que seguiremos hablando con mucha anticipación… antes de que los neosalvadores de la patria nos salgan con otros caudillos de oscuros intereses.
