La Reforma Político Electoral que está a punto de aprobarse, contempla entre otras cosas la creación del Instituto Nacional Electoral, la permanencia de los actuales Institutos Electorales Estatales, como lo es el IEPC en Coahuila, y la elección de nuevos consejeros tanto estatales como federales, lo cual sacaría de funciones a los actuales, aunque éstos pueden participar en la elección de los nuevos.
En el pre dictamen de la citada reforma, los senadores acordaron transformar al Instituto Federal Electoral (IFE) en el Instituto Nacional Electoral (INE), e introducir que el rebase en los topes de campaña será causal de nulidad de una elección, pero todavía están en el diseño de los parámetros que se aplicarán.
En el pre dictamen de la reforma se observa que no desaparecen los institutos electorales estatales, que el INE asume la organización de todas las elecciones y que sus integrantes serán nombrados mediante un mecanismo similar al que se aplicó en el caso de la Comisión Federal de Competencia Económica.
De acuerdo con lo que se negoció durante el pasado fin de semana, algunas atribuciones del INE sería el nombrar a los consejeros electorales estatales, lo cual, en el caso de Coahuila, implica que aún y cuando no desaparece el Instituto Estatal Electoral, si deberán ser reemplazados los actuales consejeros.
«Los actuales consejeros electorales estatales y federales saldrán de sus funciones, pero tendrán el derecho a participar en los nuevos procesos de selección que realizará la Cámara de Diputados, para el caso del Instituto Nacional, y el propio Instituto para el caso de los estatales», cita el pre dictamen.
Además el INE homologará los programas de capacitación, los periodos de duración en el cargo y las causales de remoción en todos los estados. También concentrará la distribución de las prerrogativas y ordenará las auditorías, con lo cual será la autoridad nacional electoral.
También habrá homologación de la contabilidad de los partidos políticos y la verificación en línea, como alternativa a la chequera única, que consiste en que el Instituto Nacional Electoral tenga la facultad de manejar los pagos de los partidos políticos en época de procesos comiciales.
Fuente: El Heraldo
