Narcotraficantes mexicanos operaban con total libertad en Coahuila, obstruyendo caminos, tomando el control de pueblos y acorralando a los soldados y fuerzas federales en sus territorios, señala un informe interno de 2010-2011 del Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos.
En el documento, declasificado esta semana por la ONG National Security Archive, se señala que también en Durango, Tamaulipas y Nuevo León, los cárteles de la droga mexicanos eran protegidos por funcionarios corruptos.
Washington atribuye en 2010 a «la corrupción generalizada» la incapacidad del Estado mexicano para resolver los crímenes y detener la violencia de los carteles.
Según el Gobierno de EU, el abandono de las autoridades fue tal que el impuesto cobrado por el narcotráfico se generalizó en las ciudades más peligrosas.
Un documento de marzo de 2010 pinta un escenario fuera de control. Tiroteos. Quema de coches de policías. Ataques indiscriminados a todo tipo de plazas (en la jerga narcotraficante, los pueblos y ciudades en disputa entre los carteles). Cuerpos decapitados. Y un silencio prácticamente absoluto de las autoridades locales y regionales, sometidas por el miedo o la corrupción.
Otro de los documentos subraya la incapacidad del Estado mexicano para procesar a muchos de los criminales detenidos. «Si bien ha habido varios arrestos, hay muy poca información sobre los procesos judiciales de los narcotraficantes arrestados».
«Los funcionarios regionales (al noreste del país) minimizan la violencia pese a que conocen bien los riesgos que existen en el área», apunta un informe.
Los documentos señalan el intento de algunas autoridades de eludir su responsabilidad de perseguir estos crímenes. «(Los gobiernos regionales) prometen que van a colaborar con el Ejército, pero rápidamente añaden que los carteles ‘son un problema del Gobierno Federal’
AGENTES DE MIGRACIÓN COLABORAN CON CRIMINALES
Las sospechas más graves señalan una cooperación sostenida (y en ocasiones abierta) entre algunos funcionarios y los narcotraficantes. «Los agentes de migración y las autoridades locales miran hacia otro lado y, en ocasiones, colaboran con los criminales». Y el crimen organizado campa a sus anchas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) denunció en enero de 2011 que los delincuentes secuestraban a los inmigrantes y les cobraban 2.500 dólares a cambio de su libertad. La CNDH calcula que en los seis meses que duró la investigación los carteles ganaron 25 millones de dólares solamente en el pago de secuestros.
Los informes detallan que el Gobierno del ex presidente Felipe Calderón ocultó información sobre las matanzas sistemáticas de inmigrantes centroamericanos. «Pese a que no es publicitado», afirma un texto, «el Ejército y la Marina han continuado hallando fosas con cadáveres.
Fuente: El Heraldo
