Espionaje y presuntos traidores a la patria Alexia Barrios G. Ayer el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong anunció, con tono enérgico que ha solicitado a la policía cibernética y al CISEN investigar si en la pasada administración ciudadanos o funcionarios pudieron haber participado en presuntos hechos de «espionaje» en contra del ex presidente Felipe Calderón o el entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto. No dijo más, pero para cualquier mexicano medianamente leído en asuntos constitucionales, se refiere a que si hubo quienes ayudaron a un gobierno extranjero con información de autoridades del Estado nacional, estarían literalmente en el delito de traición a la patria. Para el secretario Osorio Chong, dicha investigación podría concentrarse en el tema de los “escuchas e intervenciones” que realizó o realiza la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos hacia México, según lo revelado por el ex agente de inteligencia Edward Snowden. Sin embargo, este y otros espacios de información, han documentado en diversas publicaciones que la política de puertas abiertas a las agencias estadounidenses “de inteligencia” (espionaje y operaciones encubiertas), se desarrollaron como nunca durante el sexenio de Felipe Calderón a través de las dependencias como Procuraduría General de la República (Marisela Morales), Seguridad Pública (Genaro García Luna) y Centro de Información y Seguridad Nacional (Alejandro Poiré, Guillermo Valdés, entre otros). El pasado 15 de julio, lo expuse en “Traición a la patria, espionaje y sumisión a los Estados Unidos”: “el título de la columna resume el triste y vergonzoso capítulo que significó el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Conforme pasan los días se confirma fehacientemente que la intromisión del gobierno de los Estados Unidos en México, a través de sus distintas agencias ‘de inteligencia’, llegó a niveles insospechados aún y que bien pudieran ser objeto de graves sanciones a los ex funcionarios de alto nivel involucrados. Al respecto, vale la pena citar al Código Penal Federal, es su artículo 123 capítulo primero, es muy claro al señalar qué es la traición a la patria cuando: VIII.- OCULTE O AUXILIE A QUIEN COMETA ACTOS DE ESPIONAJE, SABIENDO QUE LOS REALIZA.” En primer lugar, porque varios de los actores involucrados en la sumisión de México a los órganos de inteligencia de los Estados Unidos siguen activos “sirviendo” ahora al gobierno peñanietista. Así lo expuse en dicha columna: “La principal es Marisela Morales Ibáñez, cada vez más evidenciada y señalada como parte de esta trama vergonzosa de espías y ladrones, quien goza de su estancia en Milán y despacha dizque de cónsul de negocios. La ex procuradora tiene mucho qué explicar no sólo del caso del equipo de espionaje que recibió de los Estados Unidos, sino de la anuencia para que agentes de la DEA mantuvieron total libertad de actuación en sus oficinas y que presionaran a su propio personal para obtener ‘resultados’ sobre los objetivos de los propios estadounidenses.” En la red de Marisela Morales al servicio de la DEA, está el ex temible, ahora terrible dolor de cabeza, Avigai Vargas, quien trabajó en la SIEDO, aunque presumía su grado militar y supuesta protección de los generales Carlos Demetrio Gaytán Ochoa y Luis Arturo Oliver Cen. En este esquema, no falta el personaje de apellido Yamamoto, quien era el enlace de Avigai con la agencia estadounidense de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). Más aún, las agencias de Estados Unidos tenían en carácter de supeditados a funcionarios de primer nivel del calderonismo, el FBI, la DEA, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la ATF, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la NSA, colaborando directamente lo mismo para operaciones contra el crimen organizado que haciendo negocios millonarios, o peor aún, fabricando culpables con fines netamente políticos, como bien lo documenta el portalEstado Mayor, que dirige Isabel Arvide. Esto cobra sentido, porque para nadie es un secreto que la obsesión de Felipe Calderón para evitar el regreso del PRI tuvo que acudir a la guerra sucia contra sus adversarios, y para la elección de 2009 tuvo que impulsar la campaña que ligaba al Revolucionario Institucional y al PRD con el narcotráfico. Por eso fueron los casos del “Michoacanazo”, por eso las filtraciones de que habría procesos contra ex gobernadores del PRI. Pero todos y cada uno de estos casos se han caído por inconsistentes, y porque se valieron de “testigos protegidos” que muy probablemente fueron adiestrados por la DEA, la CIA, el FBI y quizá hasta la propia NSA. ¿Con qué fin espiaron estas agencias al ex candidato presidencial Enrique Peña Nieto y a su equipo? La respuesta estaría líneas arriba: para “encontrar” la prueba de una probable narcoalianza que los comprometiera y los hiciera perder la elección presidencial. Esa sería la principal hipótesis, la cual ya había sido tocada durante la pasada campaña, pero no se le dio continuidad hasta ahora que explota el tema desde el extranjero. En estos días han difundido y promocionado mucho el trabajo “académico” de dos ex directores del CISEN con Felipe Calderón, los cuales han servido para criticar la actual política de seguridad: Alejandro Poiré y Guillermo Valdés. Se queja Valdés, el encuestólogo de que se ha focalizado la seguridad al combate al narcotráfico, cuando durante su gestión en el CISEN fue precisamente lo que hizo: narcotizó el trabajo de inteligencia, y peor aún, bajo el auspicio de la CIA le dio prioridad a los grupos de fusión para las operaciones. Más todavía, Valdés mantuvo una superestructura sumamente costosa por encima de la estructura básica del Centro, a pesar de que fue uno de los principales cuestionamientos realizados hacia sus antecesores. Ni qué decir de los sueldos de sus “súper asesores”, que según las fuentes, tenían lugar privilegiado el economista multifactorial Macario Schettino y el hoy teórico de seguridad, Alejandro Hope. A pesar de que el Partido Acción Nacional y sus administraciones presidenciales fueron las principales promotoras del denominado Servicio Civil de Carrera o Servicio Profesional, al interior del CISEN esto no fue respetado y por el contrario, personas con vasta trayectoria profesional en el ramo fueron desechadas, so pretexto de no cumplir con los nuevos requerimientos institucionales como ser afines al PAN, al calderonismo o no ser fiables para los agentes de inteligencia de los Estados Unidos. La publicación del libro “Historia del Narcotráfico en México” evidentemente está cargado de datos que se obtuvieron de fuentes institucionales, validadas o no por fuentes afines al CISEN. La mayor de las contradicciones se ubica actualmente en el tema de la contrainteligencia, en el que hoy se cuestiona el espionaje y filtraciones utilizadas por el gobierno de Estados Unidos hacia funcionarios y candidatos diversos en México. La pregunta directa es ¿qué CISEN no sabía? ¿Qué hizo y por qué no hizo? ¿O recibió instrucciones de no hacer? En cualquier caso, la polémica debería recaer en Guillermo Valdés, y llamarse a cuentas al igual que a Marisela y a Genaro García. Finalmente, y muy a cuento de la actual coyuntura, se da a conocer que este jueves 24 de octubre, “a las 11:00 horas el Segundo Tribunal Colegiado, en Materia Penal, abrirá sesión para determinar si los abogados del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, pueden entrevistar a los testigos protegidos de la Procuraduría General de la República (de Marisela Morales), que lo inculparon en hechos delictivos basados en testigos protegidos. “Los abogados de la defensa encabezarán su presencia en la sesión mencionada los licenciados Marco Tulio Ruiz y Everardo Cabrera, quienes han venido insistiendo ante las autoridades correspondientes de la inocencia del ex gobernador, y han pedido esa oportunidad de entrevistar a los testigos protegidos, con la finalidad de deslindar responsabilidades”, reza el comunicado. Es claro que dicho tema habrá de dar mucho qué hablar, sobre todo cuando siguen saliendo a la luz pública diversas irregularidades en la administración de justicia encabezada por la ex procuradora Marisela Morales como es el uso irregular de información sensible y pagos millonarios a testigos protegidos, el cobro de recompensas con «denunciantes anónimos» y el uso de testigos falsos para la integración de expedientes, que fueron acusados con fines políticos, como parece ser el caso, y donde la DEA y la CIA, probablemente tuvieron mucho que aportar. Ya veremos, si los alcances de la investigación llegan hasta este punto; o como es clásico, será pura llamarada de petate. alexiabarriossendero@gmail.com
