Dos años hace de la tragedia del casino Royale de Monterrey, donde 52 personas perdieron la vida en este centro de entretenimiento y apuestas. Desde entonces, han sido muchos los que han lucrado política y mediáticamente con esta tragedia que sigue en la larga lista de impunidades del sexenio anterior. Y es que el tema del Royale ha sido empleado por políticos, empresarios, gobernantes y medios de comunicación para lanzar una feroz campaña contra los casinos en México y con ello, más que sugerir alternativas para darles viabilidad y utilidad pública, ha sido para sacar provecho para sus muy particulares intereses. En principio, debe destacarse a una alcaldesa emanada del PAN, Margarita Arellanes (la misma que entregó las llaves de la ciudad de Jesucristo), muy vinculada con los hermanos Rojas Cardona, que desde que tomó posesión utilizó el caso para ganarse, primero a los familiares de las víctimas, después congraciar a la ONG “Alcalde, ¿cómo vamos?” y después a la ciudadanía, al lanzar una serie de medidas “anticasinos” de manera selectiva, ya que cerró casi todos, excepto los de sus amigos y los de Televisa. Un grupo político, que dicen llamarse “División del Norte” ha aprovechado la supuesta posición “anticasinos” de la alcaldesa Margarita Arellanes para buscar llevarla a la gubernatura de Nuevo León, dada la fuerza política y social que le redituó y que llevó al resto de los ediles de la zona metropolitana de Monterrey a emular su posición. Pero todo parece que acabará en una tomadura de pelo, porque sus decisiones de cerrar arbitrariamente los casinos tenderá a revertírsele tarde o temprano, pues el único casino de Rojas Cardona cerrado por Arellanes ya ganó un amparo y hay un reclamo internacional de parte del grupo español Codere por el cierre infundado de al menos dos de sus casas de apuestas. Muy probablemente los cierres de las casas de apuesta se revierten en el corto plazo, aunque para Arellanes y el PAN de Nuevo León, el tema haya sido saldado positivamente para su causa. En Chiapas, el cada vez más débil gobernador Manuel Velasco, también ha utilizado el tema anticasinos para cerrar como Arellanes a varios casinos, pidiendo millonarias multas para la reapertura; es decir, mordidas para la boda y para sus aparatos policíacos. Lo mismo que ocurre en Jalisco, donde los alcaldes de Guadalajara, Zapopán y, sobre todo, el de Puerto Vallarta, han cerrado casinos pretextando “vencimiento de permisos”, de “usos de suelo” o “protección civil”, con el fin de “vender” los permisos para reapertura y apertura de más casas de juego en millones de pesos. Otras entidades como el DF, Veracruz y Sinaloa la situación es más delicada, porque son los cuerpos policíacos estatales y municipales así como las oficinas de protección civil las qu.e han desplegado la extorsión abierta, a diestra y siniestra, a los casineros con el fin de garantizarles “seguridad” o que no habrá operativos sorpresas que puedan poner en riesgo sus negocios. Es decir, en caso de que no “cooperen” con sus policías o “protección civil” puede que corran peligro como ocurrió con el casino Royale de Monterrey El caso Royale es usado como “petate del muerto” en Coahuila, Baja California Sur, Puebla, Querétaro, la Delegación Miguel Hidalgo, y otros, como pretexto de políticos para supuestamente endurecerse contra “la delincuencia”. En su dimensión, ocurre también con quienes están por dar a conocer documentales sobre la tragedia del Royale, explotando el morbo más que la denuncia real sobre el tema. Ni qué decir de una telenovela que venden como algo fundada en investigaciones periodísticas, pero en realdad está sustentada más en mitos, leyendas urbanas y verdades a medias sobre los casinos en México, difundidas por el principal semanario político de México, pero cuya información sería filtrada por un abogado cercano a Felipe Calderón. El caso Royale llegó a su segundo aniversario y mucha tinta se ha tirado sin que nada importante ocurra, sólo sanciones a funcionarios menores, como ocurrió en la Guardería ABC y como ha ocurrido en las grandes desgracias nacionales heredadas por el sexenio pasado. Lo único que hay por ahora son promesas de que habrá sanciones para ex funcionarios estatales y municipales, un memorial contra la impunidad y una exigencia de justicia para con las víctimas. Pero son sólo eso; promesas, mentiras y lucro. alexiabarriossendero@gmail.com
