Justo cuando ayer se conversaba con el presidente municipal de Tamazula de Gordiano, Francisco Javier Álvarez Chávez, sobre los alcaldes notarios que expiden títulos de propiedad, y el riesgo de que en el proceso se filtren casos irregulares de tráfico de propiedades de los conocidos como “terrenos oscuros”, en la delegación estatal del Registro Agrario Nacional, afinaban denuncias penales por casos de corrupción agraria que hoy presentarán ante la Procuraduría General de la República, cuya delegación en Jalisco encabeza el ex gobernador, Gerardo Octavio Solís Gómez.Como se lo revela en exclusiva en nuestra edición de hoy mi compañero Agustín del Castillo, el nuevo delegado del RAN en Jalisco, Juan Antonio Fabrett Corral, detectó toda una red de corrupción para traficar terrenos y propiedades con documentación apócrifa que provocó ya el cese del subdelegado y tiene a seis funcionarios bajo investigación por coludirse con esta mafia que altera sucesiones y convierte en pequeña propiedad terrenos ejidales de manera ilegal.Se confirma así la operación de esta trama corrupta cuya operación describí aquí el martes pasado al plantear el negociazo que significaba el tráfico ilegal de terrenos, que hacen funcionarios al inventar asambleas y presentar firmas falsas de ejidatarios, validándolas con los sellos oficiales a su cargo, o saqueando expedientes para adjudicarse las parcelas o las fincas para ellos mismos.Las quejas eran muchas. Y las irregularidades saltaron rápido en esta delegación federal que forma parte ya de la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, al igual que la ex secretaría de la Reforma Agraria y la Corett.Aunque al momento de la charla se desconocía la noticia, el Alcalde de Tamazula descartó en todo momento que en los 500 títulos de propiedad que ha repartido en los poco más de diez meses que lleva su gestión, se le haya colado algún caso de tráfico de los llamados “terrenos oscuros”.Incluso, me dijo que su meta será llegar a expedir cuatro mil títulos de propiedad amparado en el decreto 20920 emitido por el Congreso del estado en el 2005, promovido por el entonces Gobernador Francisco Ramírez Acuña.Como lo apuntábamos ayer este decreto faculta a los presidentes municipales a actuar como notarios y emitir títulos de propiedad de predios irregulares siempre y cuando estos sean de propiedad particular, ya que no pueden hacerlo si se trata de terrenos ejidales o comunales, por ser facultad exclusiva de las autoridades federales.Y justo en el centro de las irregularidades detectadas en el RAN están las sucesiones irregulares de ejidos a propiedad privada. Por lo que los alcaldes notarios, sin saberlo, podrían estar ayudando al enemigo, o en el peor de los casos, a sus aliados.
