Ayer Jesús Murillo Karam, procurador General de la República, expresó lo que para el actual gobierno es el “debe ser” de su dependencia: “… que la sociedad sienta que tiene un aliado en quien confiar, que le ofrezca paz, tranquilidad, certeza (…) no sé cuánto nos vamos a tardar, pero yo sé que lo vamos a hacer”. Muy bien dicho; pero del dicho al hecho hay un gran trecho y el fiscal de la República no ignora que en estas últimas semanas, lo que menos ha ocurrido es una buena, imparcial y apegada a Derecho impartición de justicia, donde los casos armados con fines políticos y de impacto mediático son los que más abundan y donde, sin excepción, aparece el nombre de Marisela Morales Ibáñez, su antecesora en el cargo, hoy cónsul de México en la ciudad de Milán. Muy interesante sería para la opinión pública que tanto la Cancillería como la propia PGR explicaran qué funciones está desplegando la ex procuradora o nos dieran a conocer los motivos reales del por qué está aún en funciones cuando aquí mismo tiene un expediente abierto por el caso de corrupción en la compra de un equipo de espionaje. Hasta ahora, lo único que se sabe es lo que publicó “Templo Mayor” del diario Reforma el 22 de julio: “MIENTRAS en México siguen los cuestionamientos sobre su gestión en la PGR, hay quienes se preguntan cuándo responderá Marisela Morales. BUENO, pues probablemente la hoy cónsul en Milán no le va a entrar al debate, y no porque no quiera. LOS ALLEGADOS a la ex procuradora aseguran que ella está más que puesta para explicar, punto por punto, cada uno de los señalamientos, incluidas las adquisiciones con sobreprecio. SIN EMBARGO, dicen que no la dejan. SEGÚN ESTO, dado su nuevo cargo diplomático, pidió permiso a sus superiores en la Cancillería, y desde una oficina con vista a la Alameda Central le mandaron decir ‘¡Shhh!’. ¿Será?”. En dicho sitio, el pasado 25 de mayo, cuando se confirmó la designación de Marisela Morales como cónsul en Milán, luego de su frustrado intento por ser comisionada de México ante un organismo antidrogas de la OEA, la periodista Guadalupe Lizárraga, de Los Ángeles Press publicó el siguiente comentario: “Acabemos con la impunidad. Repudiemos a quienes premian por ser parte de la delincuencia organizada en la PGR”. Mientras eso ocurre, aquí en México siguen acumulándose ejemplos de pifias y fabricación de delitos. El fin de semana, se conoció el caso del general Ricardo Martínez Perea, un caso que paulatinamente sube de nivel por su extraña acusación (un “anónimo”), quien amparado y todo, fue extraviado y de nuevo “enviado” al penal de las Islas Marías sin notificar previamente a los miembros de su defensa legal ni a sus familiares. Según refieren fuentes cercanas, han sido motivos personales los que llevaron a este militar a la cárcel. Pero hay más casos donde los casos de consigna fueron los que más abundan y los que como naipes, van cayendo uno a uno, según se puede apreciar en lafanpage de denuncia contra la ex procuradora. La semana pasada en La Jornada, Jorge Carrillo Olea, ex director del CISEN, escribió sobre este Marisela Morales: “Sí, resulta extraño que quien debiera estar enfrentando por lo menos un arraigo, como los muchísimos que promovió, se encuentre a esta hora cenando un gran chamorro de ternera con trufas en la Antica Osteria Cavallini, en el centro de la ciudad, ello gracias al nombramiento que le produce un sueldo de 9 mil 810.89 euros, correspondientes a 164 mil 822.95 pesos mensuales.” Y remata el afamado militar y experto en seguridad nacional: “Con la salida de Marisela Morales de la PGR, se destapó la podredumbre que desde el sexenio de Zedillo se vino gestando a ciencia y paciencia de él, quien buscó vengarse de Salinas empinando a su hermano con datos de una vidente, Francisca Zetina, La Paca, hoy en prisión por haber sembrado un cadáver. Fox intentó cerrar el camino a AMLO mediante un juicio de desafuero fallido por amañado. De Calderón hay que decir que fue su enorme estupidez y perversidad cuando quiso cargarse a Yarrington, a la Reina del Pacífico, al general Ángeles Dauahare, a otros generales y de pasó le asestó gran raspón a la respetabilidad del Ejército.” En la Revista Proceso 1918, hay declaraciones de Juan Carlos de la Barrera Vite, quien fue titular de la Fiscalía de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, acusando directamente a su ex jefa: » … (Marisela)Morales llevaba a las reuniones semanales una lista con nombres de funcionarios de alto nivel de los tres órdenes de gobierno, empresarios y abogados. Daba órdenes a ministerios públicos, fiscales, coordinadores y titulares de unidad para que –con medidas indebidas, como golpes o torturas psicológicas– presionáramos a testigos protegidos y a detenidos para que les abrieran proceso y se les inventaran declaraciones. …» Y continúa la nota de Proceso: “Deme nombres (de a quienes debía fabricarse delitos)–le dice la reportera – Gregorio Sánchez, ex alcalde de Quintana Roo; Luis Ángel Cabeza de Vaca, ex secretario de Seguridad Pública de Morelos; los generales Ricardo Escorcia Vargas, Tomás Ángeles Dauahare y Roberto Dawe González; Zeferino Torreblanca y Manuel Añorve Baños, ambos ex gobernadores de Guerrero; Andrés Manuel López Obrador y su chofer Nicolás Mollinedo; los priistas Jorge Hank Rhon, Manlio Fabio Beltrones, Mariano Herrán Salvatti, Tomás Yarrington, Manuel Cavazos Lerma, Eugenio Hernández Flores, Humberto y Rubén Moreira, Fidel Herrera Beltrán y Enrique Peña Nieto.” Por su parte, la reportera Nancy Flores, de la revista Contralínea, en un excelente reportaje obtiene declaraciones de uno de los casos inventados por Marisela: “El testigo predilecto de la PGR en el sexenio de Calderón, Jeniffer, no dudó en señalar a Nicolás Hernández como cómplice del narcotráfico cuando éste ya no le era útil a Marisela Morales. Fue ‘una traición’ de la ex procuradora, señala quien fuera delegado de la PGR en Quintana Roo y, por años, hombre cercano a la actual cónsul de México en Milán. Su detención se ejecutó con engaños, relata en entrevista. Durante 814 días fue privado de su libertad en un penal de alta seguridad sin que se le comprobaran los supuestos nexos con Los Zetas y los Beltrán Leyva. No obstante, en las páginas de internet de medios nacionales aún se afirma que fue sentenciado a 25 años de prisión, hecho que jamás ocurrió. La tortura física y sicológica fue constante, denuncia.” A pesar de todo lo anterior, nadie del gobierno federal sabe bien a bien, qué pasará con Marisela Morales, cuya posición en cualquier parte del mundo sería ya insostenible. Sin embargo no es así, pues varios funcionarios siguen incrustadas en los aparatos de seguridad y procuración de justicia, como lo ha denunciado el colaborador de Los Ángeles Press, Tomás Borges: la gente de Avigai Vargas Tirado (acusado además de tortura para obtener incriminaciones de los testigos protegidos) sigue en “Acime, Cecilia López, Rogelio Mtz y Omar Orozco. y en Cenapi, Ruth Pacheo, Ricardo Martínez”. Eso, además de contar en funciones el Ministerio Público Federal, David Juárez Mora, quien tiene denuncias en su contra. El tiempo sigue su curso y ya los casos de “Jennifer”, «Ángeles», «Óscar», «Pedro», «Pitufo», «Rufino» y «Yeraldín», siguen cayéndose porque fueron comprados y pagados para fines político-electorales. alexiabarriossendero@gmail.com
