El gobierno del estado y los ayuntamientos serían obligados solidarios para reparar el daño ante casos de desaparición forzada cometidos por servidores públicos.
Lo anterior forma parte de una iniciativa de reformas al Código Penal que este jueves llegó al Congreso del Estado para elevar la penalidad del delito Desaparición forzada de personas y adecuarlo a las exigencias internacionales que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) marcó al gobierno del estado.
«En términos generales se procura cumplir con los estándares internacionales marcados por ONU y acreditar la indemnización, algo que faltaba en la legislación de Coahuila, una en las cuales se reconoce de manera total la problemática en materia de desaparición forzada», dijo el secretario de Gobierno, Armando Luna Canales.
Al respecto, el consejero jurídico del gobierno estatal, Raúl Alvarado Castro, dijo que con la reforma jurídica se pretende obligar al gobierno del estado y a los ayuntamientos a reconocer su responsabilidad indirecta cuando servidores públicos o agentes del Estado, como los llama la ONU, participen en un caso de desaparición forzada o involuntaria.
«Se amplía el tipo penal, pues incluye al servidor público y todas las formas de participación que pueda tener y también se incrementa la sanción mínima que en este momento es de 18 a 60 y la mínima sube de 20 a 60 para quien cometa este delito en cualquiera de sus modalidades», señaló.
En este sentido, Armando Luna Canales dijo que con la modificación legal el delito dejaría de prescribir y abre la posibilidad de indemnización a las víctimas.
«No hay una cantidad preestablecida, pero son superiores las indemnizaciones que se dan en el ámbito internacional a lo local y esto es importante porque se abre la posibilidad de indemnización cuando hay un servidor público directamente involucrado.
«En otro tercer supuesto -explicó- son grupos que trabajan con aquiescencia o tolerancia de las autoridades y cuando sea persona promovida o auspiciada por autoridades, por ejemplo como ocurre en otros países con el financiamiento de grupos paramilitares».
El secretario de Gobierno dijo que la Procuraduría General de Justicia del Estado tiene abiertas mil 088 averiguaciones por casos de personas desaparecidas o no localizadas, pero aclaró que «no todas corresponden a una desaparición forzada», pues hay casos de secuestro que no encuadran en este delito.
La iniciativa la recibió el diputado Eliseo Mendoza Berrueto, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Estatal.
Fuente: El Heraldo.
