CARACAS, — Venezuela aguardaba posibles anuncios sobre quién estará en el gabinete del nuevo presidente Nicolás Maduro, a quien el líder opositor Henrique Capriles le pidió el sábado señales de que quiere dialogar, como aseguró el oficialista durante su juramentación.
Un día después de la ceremonia de juramentación como presidente de Venezuela para los próximos seis años, Maduro adelantó que por la tarde terminaría de conformar al equipo de ministros que lo acompañarán en su mandato cuestionado por la oposición, la cual confía en revertir los resultados de los comicios a partir de la auditoría ampliada a las mesas de votación no revisadas tras la jornada electoral.
«Estoy atendiendo desde temprano varias delegaciones internacionales, en la tarde terminaré de completar el equipo de gobierno. Pendientes», escribió Maduro en su cuenta de Twitter. Hasta ahora, el mandatario sólo ha dicho que ratificará en su gabinete al vicepresidente Jorge Arreaza, yerno del ex presidente Hugo Chávez, con quien se desempeñó como ministro de Ciencia y Tecnología.
A lo largo del día, el mandatario acompañó a los presidentes de Argentina, Cristina Fernández; de Cuba, Raúl Castro, y de Nicaragua, Daniel Ortega, al museo militar donde reposan los restos del líder Hugo Chávez, cuyo fallecimiento el 5 de marzo pasado llevó a convocar nuevas elecciones.
El equipo de Capriles anunció el sábado parte del equipo de expertos que participarán en la auditoría. El Consejo Nacional Electoral ha señalado que la próxima semana dará a conocer las fechas y los detalles sobre cómo se llevará a cabo la revisión de 46% de las mesas de votación que no fueron revisadas al final de los comicios.
La ley venezolana dice que tras culminar una jornada electoral se debe auditar, de inmediato, el 54% de las urnas y mesas electorales en presencia de los representantes de los partidos, los testigos de las mesas de votación y los electores.
Más tarde, la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Sandra Oblitas, aseguró en rueda de prensa que la auditoría no servirá para cambiar o revertir los resultados.
La funcionaria electoral dijo que sólo el Tribunal Supremo de Justicia puede revisar una impugnación a los resultados y que la auditoría es sólo una revisión técnica.
«Esta auditoría no es un reconteo de votos ni tiene por objetivo revisar los resultados», señaló y pidió a los actores políticos no generar «falsas expectativas».
Capriles dijo a periodistas que está confiado que la auditoría demostrará «que hay suficientes elementos para determinar que los resultados electorales no se corresponden con la verdad».
La oposición sostiene que hubo varias irregularidades, antes y durante la elección, que influyeron en la votación, como presiones a empleados públicos para sufragar por Maduro.
Añadió que su equipo elabora expedientes sobre las irregularidades y mencionó que ha recibido información de que algunos miembros de las fuerzas armadas fueron obligados a tomarle una foto al comprobante de votación y luego mostrársela a sus superiores.
Carlos Ocariz, director nacional de su comando de campaña, pidió que los empleados amenazados le envíen sus casos para denunciarlos e intentar ayudarlos.
También el sábado, Delsa Solórzano, coordinadora de la comisión de derechos humanos de la coalición de oposición, dijo en conferencia de prensa que su grupo de al menos 8.000 abogados en todo el país ha recibido desde el 15 de abril y hasta el viernes 19 de abril al menos 1.000 denuncias sobre acosos y amenazas de despidos por parte del gobierno en empresas e instituciones públicas.
Del total de denuncias, al menos 65% son por acoso o presión para que asistieran a actos o manifestaciones del chavismo o averiguaciones sobre si votaron o no por Maduro o por su rival Capriles.
El resto han sido despedidos por incluso sospechas de haber votado por Capriles, dijo Solórzano.
En las elecciones Maduro obtuvo 7,5 millones de votos y Capriles 7,3 millones, por lo cual se calcula que la merma de votos del chavismo, y en consecuencia el crecimiento de su rival, se debió a simpatizantes del gobierno que se pasaron a la oposición.
Un día después de que por primera vez desde el inicio del proceso electoral Maduro dijo que estaba dispuesto a dialogar con Capriles, el líder opositor dijo el sábado a la prensa que él está también abierto a esa posibilidad, pero demandó al mandatario enviar señales concretas de que quiere hacerlo.
«A los que dicen que quieren diálogo, entonces den las primeras señales para alcanzarlo», señaló el opositor, para quien una muestra de eso tendría que ser el cese de la persecución a empleados públicos que, según sospechas del gobierno, votaron por Capriles y no por Maduro.
No es la primera vez en 14 años de gobierno chavista que se ofrece diálogo a la oposición, aunque nunca se ha concretado.
La coordinadora de la comisión de derechos humanos de la Mesa de la Unidad Democrática (la MUD o la coalición de oposición) demandó al gobierno detener lo que opositores y críticos consideran es una suerte de purga contra aquellos que no manifiesten su apego absoluto al chavismo.
El grueso de las denuncias, aseguró, provienen de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), de la empresa oficial de comunicaciones Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) y de dos gobernaciones: la del estado Zulia, en el occidente venezolano y en la frontera con Colombia, así como la de Vargas, en el norte del país y cerca de Caracas. Esas dos gobernaciones están en manos del oficialismo.
Hasta ahora, sin embargo, nadie ha presentado pruebas contundentes de eso.
