El Congreso mexicano aprobó hoy un amplio proyecto de reforma a la Ley de Amparo que protege a los ciudadanos de actos u omisiones de la autoridad y particulares en caso de violación a derechos consagrados en la Constitución, así como en los tratados internacionales suscritos por México.
La reforma restringe las circunstancias en que los concesionarios de los sectores de telecomunicaciones, energéticos y minas, entre otros, podrán obtener la suspensión de un acto de la autoridad si ésta considera que la concesión de ese beneficio afecta el interés social.
Con la nueva norma, el ciudadano sólo tendrá que argumentar la afectación un interés legítimo y no un interés jurídico como actualmente sucede.
Los amparos podrán ser promovidos directamente por el afectado o por cualquier otra persona cuando se encuentre imposibilitada para hacerlo, y se podrá tramitar de forma directa o por internet.
Una de las particularidades de la nueva norma, cuya gestación se prolongó durante dos años, es que los ciudadanos podrán presentar dicho recurso de manera individual o colectiva cuando haya un agravio o se lesionen sus garantías en cuanto a derechos sociales o ambientales.
Un ciudadano puede interponer un juicio de amparo aunque no esté directamente involucrado en un litigio y tendrá carácter de «parte agraviada» quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo.
El nuevo ordenamiento fortalece además las facultades de la Suprema Corte a fin de que, al determinar que una ley es inconstitucional, su resolución tenga efectos generales.
Con esta modificación, avalada este miércoles de manera unánime en el Senado mexicano y anteriormente por la Cámara de Diputados, se niega la suspensión de los actos de autoridad cuando ello permita que «continúe el funcionamiento de centros de vicio o lenocinio, así como de establecimientos de juegos de apuesta o sorteos».
Asimismo, niega el beneficio cuando «continúe la producción o el comercio de narcóticos».
«Esta ley privilegia la condición humana, el libre y completo ejercicio de los derechos de ciudadanos y personas morales», expuso el senador izquierdista Benjamín Robles, quien añadió que «no se tolerará más» el abuso del recurso de amparo.
El Senado señaló en un comunicado que el objetivo de la nueva ley es que la figura del amparo «sea más ágil, eficaz y oportuna», así como ampliar el ámbito de su protección y establecer la posibilidad de que existan declaratorias generales de inconstitucionalidad.
El nuevo marco legal será enviado ahora al Ejecutivo para su promulgación.
Fuente: Yahoo
